Tras una nueva y masiva Marcha Federal Universitaria, sumado a que no le darían los números para sostener el veto contra la Ley de Financiamiento Universitario, el Gobierno adelantó que estudia distintas opciones para auditar las 61 universidades públicas.
Así lo informó la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, a través de su cuenta de Twitter: «Estamos trabajando en más de una opción», expresó, citando una noticia sobre las auditorías.
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Esto se da en medio de la resolución emitida por la Sindicatura General de la Nación (Sigen) que prohibió que se lleven adelante las auditorías y donde afirma que se analizaron los acuerdos entre las universidades y diferentes organismos públicos en 2024, lo que dio «como resultado la existencia de 2245 convenios de asistencia técnica en diversos motivos, de los cuales 354 corresponden a la UBA».
En este contexto, el titular de la Sigen, Juan Manuel Olmos, advirtió que el Gobierno no cuenta con la potestad de ordenar auditorías a universidades públicas y que en cambio, las solicitudes tienen que provenir de una comisión del Congreso.
«Los planes de auditoría los aprueba la Comisión Mixta Revisora de cuentas con Congreso y ahí se determina. En este momento se están iniciando auditorías en las universidades de Jujuy, Formosa, Córdoba, Salta, el Nordeste, y en La Plata», marcó em diálogo con Radio Mitre.
Y añadió: «En la Universidad de Buenos Aires, la más grande y con más presupuesto, habría que pedirle a la comisión que ingrese un plan de auditoria integral. En el caso de la universidad, el artículo 75, inciso 19, determina su autonomía. No puede auditarla la Sindicatura General de la Nación».
En tanto, Olmos explicó que la Sigen «responde a las órdenes del Presidente, son los ojos del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) y audita todos los ministerios. No podría auditarlo el Gobierno, tiene auditorías internas permanentes que son concomitantes, es decir, que mientras se desarrolla la gestión están auditando. A esas auditorías se refieren las autoridades universitarias».
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