La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) anunció nuevas medidas destinadas a fortalecer los controles sobre las asignaciones familiares y beneficios no contributivos. Se suspenderán las prestaciones de aquellos beneficiarios que permanezcan fuera de Argentina por más de 90 días consecutivos, salvo las jubilaciones.
Esta disposición fue dictada a través de la Resolución 918/2024 en el Boletín Oficial y busca asegurar que quienes reciben los pagos cumplan con el requisito de residencia en el país, afectará tanto a las pensiones no contributivas como a las asignaciones familiares. A partir de ahora, quienes se ausenten del territorio nacional por el plazo estipulado, perderán el derecho a cobrar las prestaciones hasta que puedan demostrar que han regresado al país y restablecido su residencia.
Además, el nuevo marco regulatorio pone especial énfasis en el control de la bonificación por zona austral, un beneficio que reciben quienes residen en las regiones más desfavorecidas del país. Si se verifica que el titular del beneficio no ha permanecido en la zona austral por más de 90 días corridos, este también será suspendido. Para recuperar el derecho a percibir dicha bonificación, será necesario que el beneficiario solicite nuevamente el pago y pruebe que ha restablecido su residencia en la zona.
La Anses controlará si los beneficiarios salen del país
Para llevar a cabo estos controles, la ANSES cruzará información con la Dirección Nacional de Migraciones, mediante convenios vigentes entre ambas instituciones. Este intercambio de datos permitirá verificar si los beneficiarios han cumplido con el requisito de residencia establecido por la normativa.
El gobierno justificó la medida como parte de una política de control destinada a asegurar que los recursos de la seguridad social sean utilizados de manera eficiente y solo por quienes cumplen con los requisitos establecidos. Según se detalló, la iniciativa responde a la necesidad de fortalecer la fiscalización y evitar el uso indebido de fondos públicos.
Esta resolución se enmarca en un contexto más amplio de auditorías y ajustes que la administración nacional está llevando a cabo en varios programas de asistencia social. Hace un mes, el gobierno implementó restricciones adicionales para acceder a las pensiones por invalidez, tras revelarse casos de fraude y beneficiarios que no cumplían con los requisitos.