En el marco de su presencia en la mesa de Mirtha Legrand, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, anunció que planea reactivar el proyecto para sacar al centro administrativo nacional de la Ciudad de Buenos Aires y pasarlo a Viedma y Carmen de Patagones.
Se trata de la propuesta conocida como Proyecto Patagonia, que se debate desde los años 80. La iniciativa se trabaja con el interbloque de la Cámara alta “Provincias Unidas”.
De acuerdo con Torres, la renovada iniciativa será enviada al Senado, donde espera que se «lo tome con la seriedad» que tiene, a la vez que anticipó que el Gobierno nacional estaría dispuesto a acompañar la propuesta.
“Todos los países modernos mudaron la capital. Australia, Estados Unidos, Brasil lo hicieron”, argumentó el mandatario provincial en diálogo con Mirtha Legrand.
Consideró el gobernador que “hay una oportunidad histórica para avanzar en el proyecto», al tiempo que sostuvo que «esto es transversal a todos los partidos”, y adelantó que la ley podría aprobarse ya que el Gobierno nacional tiene espíritu “reformista”.
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En tanto, este domingo, en Radio Rivadavia, reiteró la propuesta. «Tenemos una necesidad muy grande de descomprimir, no solamente hablando de federalismo fiscal, sino una zona centro macrocefálica. Y tenemos la oportunidad de descentralizar hacia el mal llamado interior de la Argentina”, señaló.
“La descentralización de la capital es una de las discusiones más importantes que hay que dar, obvio en el marco de un régimen impositivo más amigable para la producción y el trabajo y más federal”, insistió Torres, que anticipó que este plan será discutido en el marco del Consejo de Mayo.
El gobernador analizó que la mudanza de la Capital Federal sería importante en términos económicos pero también para el Poder Judicial. “Más del 90% de los gastos de la Justicia se ejecuta en la Capital”, remarcó.
De todos modos, independientemente de los tiempos que demore el eventual tratamiento de la ley en el Congreso, estimó que todo el proceso de mover las sedes administrativas federales tomaría mínimamente una década. “Estamos hablando de 10 o 12 años, ya que implica una inversión en infraestructura”, adelantó.
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