Una investigación realizada por la Fundación Rosa de Luxemburgo y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) reveló que el gobierno de Javier Milei desmanteló 111 políticas públicas vinculadas al acceso a los alimentos.
En su política de lograr el superávit fiscal, el gobierno libertario no se conmueve y apunta a lo más elemental que pueda tener una familia: el alimento.
La alimentación y la lucha comunitaria para llegar a los sectores más desfavorecidos
El estudio revela que quienes producen alimentos sanos y quienes trabajan en espacios comunitarios de distribución de alimentos enfrentan cada vez más obstáculos para hacer su trabajo.
Asimismo, los consumidores y consumidoras están más desprotegidos frente a un mercado concentrado y quienes no tienen ingresos suficientes para comprar su comida de todos los días, encuentran una oferta debilitada en los espacios comunitarios.
«El conjunto de medidas económicas, políticas, y normativas, tomadas por el gobierno libertario desde que asumió, comprometen la posibilidad de alimentarse de millones de personas y la supervivencia de quienes producen la mayoría de los alimentos frescos que consumimos», sostiene el estudio.
Desde noviembre de 2023 a julio de 2024, se desmantelaron 111 políticas públicas relacionadas con la producción, consumo y acceso a los alimentos y en contraposición se avanzó con políticas que profundizan un modelo agrario concentrado y extranjerizado.
«Son desregulaciones que precarizan el trabajo agrario, desprotegen las economías regionales (yerba, azúcar, oliva, vid) y encarecen los insumos de producción, lo que contribuye a la pérdida de soberanía alimentaria y disminuye las oportunidades de desarrollo económico para las provincias».
Federico Orchani, investigador del área de Tierra, Vivienda, Y Justicia Económica del CELS, detalló:
El consumo de alimentos se redujo en promedio un 16% en supermercados y un 11% en autoservicios mayoristas entre noviembre de 2023 y Julio de 2024:
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bebidas un 26%
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lácteos un 12% carnes
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un 9% frutas y verduras un 7%
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productos de almacén un 6%
La Argentina lidera el ranking de inflación nominal en alimentos, según el Banco Mundial, siendo que entre noviembre 2023 y julio 2024, los precios de los alimentos aumentaron un 128%.
Eliminación de políticas campesinas
El informe detalla que se eliminaron la mayoría de las políticas dirigidas a la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI).
Se eliminaron políticas históricas como el Pro Huerta, con más de 30 años de trayectoria, que incluía la distribución de insumos, capacitación y apoyo técnico para el desarrollo de huertas familiares, escolares y comunitarias, así como granjas familiares para la autoproducción de alimentos frescos.
Además, se llevó a cabo la derogación del procedimiento de inscripción de biopreparados del SENASA, junto con la desarticulación de la Comisión para la Agricultura Familiar y los nuevos lineamientos del INTA, debilitan las posibilidades de fortalecer la agroecología y el rol de la AFCI en la provisión de alimentos saludables.
Orchani remarcó la intervención y el vaciamiento del Instituto Nacional para la agricultura familiar campesina indígena fue una de las medidas que afectan de manera negativa al derecho a la alimentación. «Se trata de un organismo que tenía alcance nacional y que realizaba un aporte técnico fundamental en cada provincia y para los pequeños productores», sostuvo.
Respecto al acceso a los alimentos, el estudio detalla la eliminación de normativas orientadas a controlar los precios y el abastecimiento, lo que está contribuyendo al alza continua de los precios.
«Según el INDEC, entre diciembre y julio los precios de verduras, tubérculos y legumbres aumentaron un 197% en el Gran Buenos Aires, mientras que los de leche, productos lácteos y huevos subieron un 165%, las carnes un 105%, y las frutas un 78%», detallaron.
Algunas de las políticas que Milei desmanteló
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Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI)
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la desarticulación de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (DIPROSE)
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el cierre del emblemático Programa Prohuerta
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se prohibió el uso de términos como «cambio climático», «sustentabilidad», «agroecología», «género», «biodiversidad», «huella de carbono» y «Prohuerta» en las investigaciones de la institución.
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en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), se disolvió la Coordinación de Agricultura Familiar, creada en 2014
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se eliminó la Dirección Nacional de Agroecología
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desregulación de leyes orientadas a regular la producción de alimentos en las economías regionales, como la azúcar , la yerba mate
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se eliminó el Fondo Fiduciario para la Recuperación de la Actividad Ovina
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cierre del Observatorio de Precios cuya función era monitorear y relevar los precios
Así se expresaba Federico Orchani del Cels:
«Podemos decir que el vaciamiento de las políticas agroalimentarias afectó especialmente a los sectores más vulnerables, por ejemplo, el costo de preparar un guiso aumentó 151% entre noviembre del 2023 y julio de 2024 con el salario mínimo vital y móvil o una jubilación mínima en julio es posible preparar un 27% menos de porciones de guiso, tomar una taza de mate cocido con leche y pan implica un incremento del 147% en el gasto», detalló .
En este sentido, remarcó que «el mismo periodo con un salario mínimo se compran 11 platos menos de guiso con la tarjeta alimentar. Antes se podía preparar 74 platos y ahora 54 platos».
El referente del Cels concluyó que aún existe «medidas que hoy se encuentran en el orden de la amenaza que todavía no alcanzamos a ver los resultados, pero la sanción del RIGI, por ejemplo, que promueve una serie de exenciones y de beneficios para las grandes inversiones somete a los territorios y a las tierras que hoy muchas de las que se usan para la producción de alimentos», sostuvo.
Con información de El Destape