Cuando en Inglaterra hay protestas por temas tributarios, más vale tomárselas en serio: hay una larga historia que muestra que las discusiones sobre los impuestos han derivado en cambios de régimen -como la Revolución Gloriosa de 1688-, así como guerras civiles, derrocamientos y hasta cabezas reales que rodaron por el suelo tras ser cortadas por el verdugo.
Siglos después, los métodos de protesta han cambiado, pero la pasión con la que los británicos pelean sobre quién y cuánto debe pagar de impuestos sigue siendo la misma. Fue por el impopular «poll tax» que Margaret Thatcher vio cortado abruptamente su gobierno tras 11 años en el poder. Y, más cerca en el tiempo, fue por haber bajado los impuestos del sector más rico -al tiempo que subían las tarifas de servicios públicos- que cayó el gobierno de Liz Truss, apenas 44 días después de haber asumido.
Hoy otra vez hay un feroz debate, en torno al impuesto a la herencia en la propiedad rural. Pero esta vez hay algunas circunstancias que hacen que a los argentinos el tema les resulte más familiar: se está generando una virulenta discusión política que por momentos hace recordar al tono con que se discutía durante el debate entre Cristina Kirchner y los productores sojeros en 2008, cuando la famosa «resolución 125» cambió el curso del clima político del país.
Por insólito que parezca tratándose de uno de los países más liberales del mundo, hoy en el debate británico se habla sobre el riesgo de que la ideología socialista cope el gobierno y se ingrese en una ola de violaciones al respeto a la propiedad.
En la red social X, ex Twitter, con la inestimable ayuda de Elon Musk, que ayudó a globalizar el debate, tomando clara postura por los agricultores, se leen acusaciones que perfectamente podrían cuadrar en los debates de la política argentina. De hecho, hasta hay fragmentos de entrevistas de Javier Milei, en los que explica por qué se opone al impuesto a la herencia -el entonces candidato libertario argentino argumentaba que la herencia no es otra cosa que una donación post-mortem y por lo tanto no es pasible de ser regulada por el Estado-.
La «grieta» que hace temblar a Gran Bretaña
En síntesis, el tema es así: en julio pasado el partido Laborista -la tradicional centro-izquierda británica- ganó las elecciones, poniendo fin a 14 años de hegemonía «Tory», como se llama al partido Conservador. El candidato ganador, Keir Starmer, defendió una típica agenda de la nueva izquierda internacional, con foco en la redistribución de la riqueza, la reforma tributaria progresiva, un programa de nacionalizaciones de servicios públicos y un radical cambio ecologista en la economía.
Quien leyera su plataforma no vería demasiadas diferencias con el estilo de, por ejemplo, Axel Kicillof: promesas de mayores derechos a los trabajadores, impuestos a escuelas privadas para financiar la educación estatal, generalización del voto a los 16 años… y la propiedad rural en el centro de la estrategia.
Así como el gobernador bonaerense se arriesgó a un conato de rebelión fiscal a inicios de año, con asambleas de productores que se negaron a pagar los aumentos del impuesto inmobiliario rural y judicializaron las subas, ahora los laboristas británicos están en el mismo ojo de la tormenta.
En estos días han desfilado tractores por las calles de Londres, exhibiendo carteles de hablan en términos bélicos, con llamamientos a resistir la guerra contra los agricultores tradicionales.
Igual que Kicillof, que se defendió con el argumento de que, en realidad, apenas una ínfima minoría de propiedades muy grandes recibirían un aumento impositivo, ahora el gobierno «progresista» británico hace el mismo planteo.
The Guardian, el principal vocero de la tendencia ideológica «progre», fue el que hizo la argumentación más arriesgada -y con mayor repercusión en las redes-. Señala que, bajo las banderas de defender un estilo de vida rural tradicional, no hay más que el egoísmo de una clase privilegiada que ha venido heredando las tierras desde la Edad Media, cuando regía el sistema feudal. Y que sólo las extensiones muy grandes serán alcanzadas por el impuesto, para el cual, además, tendrán un plazo de 10 años de pago.
La sospecha de una agenda oculta
Un artículo del editorialista Will Hutton señala que el impuesto a la herencia será un costo muy menor en comparación con los beneficios que traerá. Empezando, obviamente, por la mayor recaudación fiscal, que ayudará a mejorar los servicios públicos. Pero, además, incluyendo el efecto de una caída en los precios de la tierra y de los alquileres rurales. El hecho de que los mayores terratenientes tengan que vender un 20% de su propiedad permitirá que una nueva generación joven de agricultores, con nuevas ideas, pueda entrar al negocio, con una ayuda estatal.
Y aquí es donde entra otra parte de la polémica, con tintes de teoría conspirativa. En los medios «de derecha» se está alertando que este impuesto busca una masiva sustitución de los agricultores tradicionales por una nueva clase agrícola, de hecho manejada por el Estado, que llega con una agenda neo-ecologista, en la cual se prevé, entre otras cosas, la implantación masiva de paneles solares en el campo y un cambio radical en la forma en la que hoy se producen los alimentos.
Ese tipo de acusaciones está ligada con otro problema hipersensible en la Europa de hoy: la sospecha de que se quieren crear colonias rurales para dar lugar a la masiva inmigración desde medio oriente.
Pero el tramo del artículo editorial que escandalizó a los libertarios a los que Elon Musk da «retuit» es uno en el que se afirma: «El impuesto a la herencia surge de la creencia universalmente aceptada de que la sociedad tiene el derecho de redistribuir cuando la riqueza es transferida tras la muerte, como un acto de justicia. Eso no es una confiscación, especialmente si la parte del león queda intacta».
Libertarios contra progresistas
Lo cierto es que el debate por el impuesto rural está llevando al país a un nivel de «grieta» política que ya califica en estándares latinoamericanos. Una de las figuras que resiste con más virulencia el avance laborista es el mediático Jeremy Clarkson, un ex presentador de TV en programas sobre automovilismo, que hoy se erigió en un emblema de la nueva derecha.
Durante una protesta de «farmers» en Londres, Clarkson se peleó con una entrevistadora de la cadena BBC -vista ahora como izquierdista y defensora del ideario «woke»-. La reportera le preguntó de dónde podría obtener el dinero el Estado para mejorar el sistema nacional de salud si no se lo sacaba a los terratenientes ricos. Ante la multitud de agricultuores que escuchaba el diálogo, Clarkson preguntó: «¿Escucharon lo que dijo?, quieren que ustedes paguen el gasto público». Y luego cuestionó que apenas un 4% de los agricultores fueran afectados: «¿Alguno de ustedes cree que no va a ser alcanzado por este cambio impositivo?», preguntó a los agricultores que lo apoyaban.
La entrevista terminó con un pedido de despidos masivos en el Estado, en vez de buscar recursos en el campo. Nadie mencionó la palabra «motosierra», pero el concepto estaba implícito.
Otros videos viralizados en Twitter plantean que, dado el marcado aumento de precio de las propiedades rurales, prácticamente todos los productores agropecuarios, incluyendo las empresas de tipo familiar, serán alcanzadas por el impuesto, que implicará la pérdida del 20% del patrimonio cuando fallezca el titular. Y, también en un eco de los conflictos rurales de Argentina, plantean que sus márgenes de ganancia vienen haciéndose cada vez menores, al punto que hay casos donde directamente se trabaja a pérdida bajo la presión estatal.
¿Hacia una agricultura «socialista»?
En uno de los testimonios más vistos, una joven productora afirma que, en realidad, el impuesto a la herencia va mucho más allá de una simple medida económica y es parte de una verdadera guerra de las burocracias gubernamentales contra los agricultores tradicionales.
«El objetivo es que los gobiernos puedan controlar la comida y lo que come la gente, porque negocios agrícolas familiares como este ya no van a existir. Sólo va a quedar una agricultura planificada centralmente que va a controlar el mercado y a decidir qué y cuándo vas a comer», afirma la joven, que no vacila en calificar como «comunista» al primer ministro Starmer.
Meme del primer ministro Keir Starmer, mezclado digitalmente con el retrato de Stalin
Puede parecer exagerado, pero ese es el nivel del debate: abundan los «memes» que comparan a Starmer con Stalin, en carteles que recrean el estilo de la propaganda soviética de los años ’40. Lo irónico del tema es que Starmer ni siquiera representa el ala más izquierdista del partido Laborista, e incluso renunció a la dirección partidaria cuando sintió que Jeremy Corbin, el veterano dirigente -que tiene la retórica, el estilo y hasta el aspecto físico de un peronista «setentista»- se estaba radicalizando demasiado.
Milei, con el objetivo de ser referente
Donde están siguiendo este tema con interés es en la Casa Rosada y en los satélites del gobierno, como el sitio «La Derecha Diario» y la flamante Fundación Faro, que suelen monitorear los acontecimientos internacionales para ayudar a posicionar a Milei como referente global del libertarianismo.
No por casualidad, el discurso del presidente argentino en la Conferencia de la Acción Política Conservadora incluyó el llamamiento a hacer junto a Donald Trump una alianza de resistencia, pero no tanto con el objeto de enfrentar a potencias como China y Rusia, sino para enfrentar al «enemigo interno» de Occidente enquistado en el establishment cultural, las universidades y las ONG, incluyendo la propia Organización de las Naciones Unidas.
En el encuentro del G-20, en clara disidencia con la agenda propuesta por Lula Da Silva, Milei volvió a repudiar las propuestas de mayor injerencia estatal: «Nunca verán a nuestra administración defender propuestas que impliquen mayor presión fiscal, ni propuestas de desarrollo sostenible que prioricen caprichos de políticos con la panza llena en países ricos, cuando los países pobres necesitan explotar sus recursos para salir de la pobreza».