La presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, ha reivindicado este martes la labor que realiza la institución y su independencia, subrayando que, aun no siendo un órgano anticorrupción, sus informes hacen avanzar la investigación de casos como el de la trama Koldo.
«Nosotros no somos un órgano anticorrupción, tenemos las funciones que tenemos, pero estoy plenamente convencida de que, si la investigación y los trabajos suyos han llegado donde han llegado, en muy buena medida es gracias a nuestros informes, ha señalado ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de relaciones con el Tribunal de Cuentas.
Chicano ha comparecido en el Congreso a petición del PP, que le exigía explicaciones por el retraso en enviar la documentación que le había pedido la comisión de investigación del Senado sobre el llamado ‘caso Koldo’.
Según ha explicado, se le pidió documentación que el tribunal no puede facilitar dado el marco legal existente. En concreto, se ha referido a la solicitud de que remita las actas de las reuniones celebradas por el Pleno de la institución en relación con informes de contratos de mascarillas, algo que la presidenta no tenía inconveniente en enviar, pero la ley se lo prohíbe.
«Yo se las hubiera enviado gustosa porque nada en los contenidos de las actas pone en riesgo la integridad ni la independencia del tribunal ni la de ninguno de sus miembros, que por cierto aprueba las actas en el Pleno posterior, pero esa vocación de transparencia debe ser absolutamente escrupulosa con el sometimiento al ordenamiento jurídico, que caso de incumplirlo también se me aplicaría –ha contestado–. Y el artículo 5 de la ley de funcionamiento del tribunal impone el deber de secreto respecto de las deliberaciones del Pleno».
ES DOCTRINA DEL TC
El tribunal encargó informes para dilucidar qué podía trasladar al Senado, ponderando «los intereses en juego»: por un lado el derecho de acceso a la información de una comisión parlamentaria y también la propia voluntad de colaboración del Tribunal de Cuentas, pero por otro lado la normativa que rige la actividad de independencia de la institución.
Eso motivó el retraso en dar respuesta al Senado y, al final, tras ver la doctrina del TC, se optó por enviar el extracto de las actas, incluyendo el resultado de votaciones y precisando que ningún informe contó con votos particulares, que en ese caso la ley sí que habría permitido la remisión de esas diferencias de criterio.
La máxima división se produjo con el primer informe sobre la contratación Covid, hecho por el anterior tribunal, que no se quiso demorar y al final se aprobó con nueve abstenciones de los consejeros recién llegados, pero sin votos particulares discrepantes.
O INDEPENDIENTE O INÚTIL
En todo caso, Chicano ha querido dejar clara la independencia del tribunal recordando que sus informes son «estrictamente técnicos» y están «elaborados por funcionarios sujetos a procedimientos regulados legalmente, normas técnicas que son públicas, normas profesionales internacionales, sometidos a principio contradictorio y aprobados por el Pleno, cuyos consejeros y consejeras tienen constitucionalmente protegida su independencia».
«El Tribunal de Cuentas solamente les será útil si es independiente –ha enfatizado–. No pongan en duda la independencia del tribunal porque tiene una composición no unipartidaria, de acuerdo con la representación en las cámaras de los grupos políticos, y está servido por 800 funcionarios que acceden por los principios de mérito y capacidad que son las oposiciones y que yo no sé ni lo que piensan ni lo que votan».