La Fiscalía de la Nación inició este jueves 5 de diciembre una investigación preliminar contra la presidenta de la República Dina Boluarte por un presunto abandono del cargo cuando se sometió a una cirugía, a mediados del año 2023, sin notificar al Congreso.
“Los hechos están referidos a la omisión de comunicar el impedimento temporal para el ejercicio del cargo de presidenta de la República al Consejo de Ministros y al Congreso de la República, del 29 de junio al 9 de julio de 2023, como consecuencia de un procedimiento quirúrgico al que fue sometida”, se lee en el comunicado del Ministerio Público.
En concreto, la jefa de Estado se sometió a una rinoplastia, según reveló el expremier Alberto Otárola hace unos días durante una comparecencia ante la Comisión de Fiscalización del Parlamento.
“La señora presidenta de la República, en las fechas indicadas, pasó por un procedimiento quirúrgico, pero en este procedimiento quirúrgico, como le sucede a cualquier persona, no estuvo desatendiendo sus labores que le competían al cargo y me consta porque yo fui presidente del Consejo de Ministros y ella estuvo en permanente contacto con el suscrito, tuvimos que hacer una reunión virtual del Consejo de Ministros y en todo momento estuvo atenta al devenir de la administración pública”, aseveró.
De acuerdo a Andy Carrión, abogado penalista, el delito de omisión de funciones también puede ser cometido por una presidenta de la República en tanto no ostente o cumpla con el cargo para el que fue elegida.
En entrevista para RPP, indicó que la Fiscalía no investigará las intervenciones quirúrgicas a las que se haya sometido Boluarte, sino que su principal interés es “dilucidar si la mandataria comunicó de manera formal o no al Congreso sobre su ausencia”.
“Aquí no se va a indagar qué clase de intervención quirúrgica se hizo, sino el hecho de la ausencia del mandato y la omisión de comunicación al Congreso. Entiendo que ese va a ser el hilo conductor (de la investigación de la Fiscalía)”, manifestó Carrión. “También se podría abrir una investigación contra Alberto Otárola por usurpación de funciones”, agregó.
En tanto, el letrado Carlos Caro precisó que, para establecer que hubo omisión de funciones o abandono de cargo por parte de la jefa de Estado, el punto de partido será si es que “existía el deber de informar por parte del Ejecutivo sobre esta ausencia y cómo debía afrontarse del punto de vista constitucional”.
“Esto ya pasa por la interpretación que haga el Congreso. Si ellos consideran que esta situación no amerita grave infracción a la Constitución, el tema penal va a tener fuerza porque ya el Congreso interpretó que no hubo omisión de funciones o que hubo alguna justificación para no informar”, sostuvo a Canal N.
“Por más que la Fiscalía consiga la información, saber llegar a la determinación si hubo infracción a la constitución o violación a los deberes. Nosotros, como ciudadanos y intérpretes desde afuera podemos presumir que sí, pero estamos en manos de los que determina el Congreso”, continuó.
En esto coincidió James Rodríguez, abogado penalista. “Es más que evidente que el Congreso trabaja y está en una colusión entre el Ejecutivo y Legislativo”, manifestó para el último medio mencionado”.
“Después de realizarle las investigaciones y que, posiblemente, de acuerdo a la posición del Ministerio Público, se podría encontrar posibilidad penal por parte de la presidenta, esto va a tener un trámite ante la subcomisión de Acusaciones Constitucionales, vamos a ver en qué tiempo emitirán un informe para luego ir al pleno”, aseveró.