La defensa del alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier García Albiol (PP), ejercida por Cristóbal Martell, ha alegado en el juicio por la presunta instalación de antenas de telefonía móvil sin licencia en una comisaría de la localidad en 2012, que «hay determinados extremos que son ajenos naturalmente a la alcaldía».
Lo ha dicho este lunes durante la primera sesión del juicio con jurado popular en la Audiencia de Barcelona que se alargará más de una semana, en la que las partes han expuesto las cuestiones previas.
Además de Albiol, entre los acusados está el exconcejal de Seguridad Ciudadana de Badalona, Miguel Jurado; el entonces gerente de Urbanismo, Xavier Salvà; el gerente de la empresa pública Engestur, Tomás Vizcaíno; el concejal de Urbanismo de su equipo de gobierno, Oriol Lladó, y el jefe del departamento de licencias y obras, Josep Duran.
Estaba previsto que los acusados declararan este lunes durante la primera sesión, pero a petición de todas las defensas lo harán en el último lugar –martes o miércoles de la semana que viene– para ejercer su «derecho de defensa», ya que hay testigos y pruebas que no se han realizado durante la fase de instrucción
A partir de este martes declararán testigos, se realizarán las pruebas periciales y se reproducirán las pruebas documentales.
DEFENSAS
«El número de habitantes de Badalona en 2012 era de 220.000 personas y 1.000 funcionarios. En un Ayuntamiento de 220.000 almas y 1.000 funcionarios hay determinados aspectos que son ajenos naturalmente a la alcaldía», ha declarado Martell, dejando entrever su línea de defensa.
El abogado de Jurado ha explicado que el acusado sufrió un ictus el pasado 11 de noviembre y, aunque entiende y razona, «cuando habla y se expresa, a veces, se atropella», motivo por el que va a rehabilitación los lunes, los miércoles y los viernes.
«Quería pedir si pudiera ser dispensado para practicar los ejercicios de rehabilitación e incorporarse cuando acabe», ha dicho el abogado, aunque ha afirmado que durante el trámite de declaración de los acusados y de la última palabra estará presente, hecho que la fiscal y el tribunal han permitido.
También, la defensa de Vizcaíno ha pedido que su defendido se ausente en algunas sesiones por temas laborales, pero el presidente del tribunal lo ha desestimado.
Las defensas han rechazado a algunos testigos que estaban previstos y han aportado nuevas pruebas documentales para reproducir durante el juicio.
HECHOS
Según el escrito de acusación de la Fiscalía, consultado por Europa Press, la responsable del departamento de ordenación de Vodafone contactó en julio de 2012 con el que entonces era el director de Tecnología de la Información del Ayuntamiento de Badalona para solicitarle hablar con la persona de contacto para tratar de instalar una estación base de telefonía en el Turó d’en Caritg de la localidad.
Este le derivó al gerente y consejero delegado de una empresa municipal de capital íntegramente público, Engestur, y, en virtud del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento, este era el encargado de gestionar las tareas públicas relacionadas con este asunto.
Sin embargo, el consistorio «seguía manteniendo la potestad pública de ejercicio preceptivo para la autorización e intervención de esas instalaciones», así como de velar por la protección de la legalidad urbanística y ambiental relacionada con las mismas.
Según el ministerio público, Albiol decidió autorizar «sin dictar nunca una resolución expresa» que Vodafone pudiese realizar la instalación de telefonía dentro del recinto de la Comisaría Central de la Guardia Urbàna del Turó d’en Caritg.
Lo hizo, prosigue el escrito, aunque tanto él como los otros acusados, que también ostentaban un cargo público, sabían que el emplazamiento no era compatible para este uso, lo cual impedía la concesión de una licencia municipal ambiental y urbanística.
CONECTADA A LA RED DE LA COMISARÍA
En julio de 2012 Vodafone levantó una antena con tres paneles direccionales de 10 metros de altura, que comenzó a prestar servicio, «sin contar en ningún momento» con el título preciso para ejecutar las obras, y entre septiembre y octubre Telefónica instaló en las mismas dependencias policiales otra antena, lo que provocó las quejas de una parte de los agentes de la Guardia Urbana de Badalona a través de un sindicato.
En diciembre de 2012, ante la dificultad de los técnicos de Vodafone para acceder al recinto y recargar el combustible necesario para su funcionamiento, se permitió que se conectase a la red eléctrica de la comisaría, sin que la compañía telefónica abonara «importe alguno por los consumos realizados», que han sido cifrados en, al menos, 8.300 euros que finalmente fueron asumidos por el consistorio.
Ambas antenas funcionaron entre 2013 y 2015 –año en el que cambió el gobierno municipal– sin que los acusados, según la Fiscalía, promovieran algún expediente sancionador en materia urbanística o medioambiental ante «las flagrantes infracciones que suponía la existencia de esas instalaciones», que continuaron prestando servicio hasta 2018 y 2019, respectivamente, cuando fueron desinstaladas por las compañías.
PENAS
Por estos hechos, la Fiscalía solicita dos años y 10 meses de prisión, inhabilitación para cargo público durante 10 años y multa de 9.000 euros para Albiol, mientras que para los otros acusados pide un año y medio de cárcel y multa como cooperadores.
La Fiscalía pide que los acusados indemnicen al Ayuntamiento con 17.448,27 euros y añade que, de dicha cantidad, responderán solidariamente Vodafone en 6.562,08 euros y Movistar en 10.886,19; además, a Vodafone le pide que pague los 8.300 euros del consumo de luz de la comisaría de la Guardia Urbana que abonó el consistorio.