La senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, se refirió a lo que considera una serie de incumplimientos por parte del Gobierno a la puesta en marcha de los Acuerdos de Paz de 2016 con las extintas Farc. También se refirió a unos giros que debería hacer el Estado a los firmantes, con el fin de que tengan un ingreso fijo mientras reestructuran su vida económica.
Asimismo, cuestionó los argumentos con los que funcionarios del Gobierno han justificado estas presuntas fallas, haciendo alusión a las trabas burocráticas y presupuestales que impedirían la ejecución de tales recursos.
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“El gobierno no cumple ni los acuerdos de paz: tienen que darle a los desmovilizados del 90% de un salario mínimo y no pagan. Dicen que es culpa del congreso que no aprobó los nuevos impuestos. ¿Por qué si pagan los gobierno Duque y Santos con mucho menos presupuesto y sin la tributaria de 17 billones que ya tiene Petro?”, escribió en X.
Con esto, la parlamentaria se refirió a la denuncia que al respecto se ha expuesto desde la Asociación Digna por la Paz, que recientemente publicó un comunicado en el que se lee: “La gran disculpa que están diciendo es que el Congreso de la República no aprobó y no apoyo el presupuesto. Se oponen a toda forma hacer trizas el proceso de paz que con gran esfuerzo estamos buscando sostenernos y sostener la gente; y la única forma de nosotros hoy de buscar y liderar este proceso es que el gobierno también cumpla”.
En un momento crítico para el proceso de paz en Colombia, Rodrigo Londoño, conocido en el pasado como alias Timochenko y actual líder del partido Comunes, lanzó un llamado directo al presidente Gustavo Petro para que tome acciones urgentes en favor de la estabilidad y la reconciliación nacional. El mensaje de Londoño, publicado en sus redes sociales, subraya que el país enfrenta “horas difíciles” en materia de paz y señala la responsabilidad del presidente como jefe de Estado para actuar de manera decidida.
Las declaraciones de Londoño coinciden con una coyuntura marcada por los debates sobre justicia transicional y la implementación de los acuerdos de paz. La ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, presentó un borrador preliminar que define las sanciones para quienes comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), incluyendo propuestas sobre Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Restaurador/Reparador (TOAR). Estas iniciativas buscan responder a las demandas de justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado.
Sin embargo, el planteamiento de la ministra ha generado controversia. Londoño criticó lo que considera un modelo que emula “colonias penales”, preguntando públicamente: “¿Ese es el modelo de justicia para la paz de su gobierno?”. Además, expresó inquietud sobre el retraso en la entrega de la renta básica destinada a los firmantes del acuerdo de paz, un apoyo crucial para más de 13.000 personas en proceso de reincorporación, muchas de ellas en condiciones de vulnerabilidad.
El líder de Comunes también puso en evidencia la creciente inseguridad que enfrentan los excombatientes. Londoño destacó que en diciembre fueron asesinados cuatro firmantes del acuerdo, lo que eleva a 443 las muertes de exguerrilleros desde 2016. Calificó esta cifra como “escandalosa” y pidió al Gobierno garantías de protección para quienes han decidido apostar por la paz.
Durante un encuentro reciente con firmantes del acuerdo, la ministra Buitrago reafirmó el compromiso del Ejecutivo con la dignificación de las víctimas y el respeto al debido proceso en el sistema de justicia transicional. Sin embargo, Londoño insiste en que el cumplimiento del Acuerdo de La Habana es la piedra angular de la política de Paz Total de Petro. “El pueblo lo eligió para consolidar la paz de Colombia. Pido que honre el Acuerdo y el mandato popular que lo eligió presidente”, escribió en su cuenta de X.