El reciente apagón en el departamento de Vichada, que dejó sin energía al 90% de su población durante 24 horas, desató un fuerte debate nacional sobre las políticas energéticas del Gobierno de Gustavo Petro y la gestión de los subsidios adeudados al sector.
Durante el apagón, el gobernador de Vichada, Alex Benito, explicó que la situación se originó debido a las deudas acumuladas del Gobierno nacional y el Ministerio de Minas y Energía con las empresas encargadas del suministro. Electrovichada, la operadora local, enfrentó severas dificultades financieras por estos impagos, lo que afectó también a sus proveedores.
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Entre los afectados, Terpel suspendió el suministro de diésel debido a una deuda de $4.600 millones, mientras que Refoenergy Bita S. A. S E.S.P., que genera energía a partir de biomasa, detuvo sus operaciones por falta de recursos. Ante esta situación, el gobernador manifestó su preocupación: “Es una situación muy difícil y compleja. El desespero de la gente es muy grande”.
Ante la crisis, el presidente Gustavo Petro relacionó lo ocurrido con su plan de transición hacia energías limpias. En sus declaraciones, instó a las empresas del sector a adaptarse rápidamente: “Las empresas de servicios públicos de energía eléctrica deben adaptarse a la necesidad de transitar a energías limpias de manera inmediata. El caso de Puerto Carreño lo demuestra. No se queden atrás”.
Petro también invitó a los actores del sector a reflexionar sobre el apagón y redoblar esfuerzos para avanzar hacia un modelo energético sostenible. Sin embargo, estas afirmaciones generaron una oleada de críticas.
El exministro de Hacienda del Gobierno de Andrés Pastrana, Juan Camilo Restrepo, fue una de las voces más críticas. En su cuenta de X, rechazó las declaraciones de Petro y responsabilizó al Gobierno por la crisis:
“No. La mejor manera de prevenir lo de Puerto Carreño sería que el gobierno le pagara a tiempo lo que les debe a las empresas que transfieren el subsidio a los usuarios. Les está debiendo $7 billones. No confundir, por favor, con excusas tontas a la gente, echándole la culpa a otros. El único culpable es el gobierno moroso que no paga a tiempo los subsidios y revienta así a las empresas”.
Por su parte, los gremios del sector energético también manifestaron su inquietud sobre el panorama nacional. En una carta conjunta, advirtieron que la situación vivida en Puerto Carreño podría replicarse en otras regiones si no se toman medidas urgentes. Entre sus peticiones, destacaron:
- Desembolsar de inmediato los valores adeudados a las empresas para garantizar la operación del sector.
- Ajustar el Presupuesto General de la Nación 2025, cubriendo las necesidades de subsidios para evitar una desfinanciación estimada en 2,1 billones para energía y 900 mil millones para gas.
- Emitir certificados de deuda de subsidios para que las empresas puedan titularizar los pasivos actuales.
- Optar por el cruce de impuestos con las empresas afectadas, utilizando mecanismos ya contemplados en el Decreto 1244 de 2013.
- Focalizar los subsidios para beneficiar a la población más vulnerable y reducir tarifas de energía y gas.
El gobernador Alex Benito anunció que el servicio eléctrico comenzó a restablecerse sobre las 5:30 p. m. del viernes 3 de enero, tras la llegada del diésel necesario para reactivar las plantas. Además, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, confirmó que la contingencia fue resuelta, atribuyendo el problema a la gestión financiera de la empresa regional.
No obstante, las explicaciones del ministro no lograron aplacar las críticas, ya que varios actores siguen cuestionando la falta de acción gubernamental para prevenir este tipo de crisis y garantizar la sostenibilidad del sistema energético del país.