A pocos días de cumplirse el décimo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman, la fiscalía que investiga el caso reafirmó que se trató de un homicidio vinculado a su trabajo en la investigación del atentado a la AMIA y a su denuncia contra la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán. Esta conclusión fue presentada en un informe de 56 páginas elaborado por el fiscal federal Eduardo Taiano, a cargo de la causa.
El documento sostiene que la muerte de Nisman, ocurrida el 18 de enero de 2015, tuvo como motivación directa su trabajo al frente de la UFI-AMIA. Actualmente, las investigaciones buscan identificar tanto a los autores materiales del crimen como a quienes lo planificaron. «Se encuentran en curso la producción de medidas tendientes a determinar la identidad de aquellos que ejecutaron el hecho y de quiénes lo ordenaron, conforme a la hipótesis de la fiscalía», remarcaron los investigadores.
El informe, elaborado a partir de la investigación de Taiano -delegado en esa fiscalía por decisión del juez Julián Ercolini– también analiza el papel de los servicios de inteligencia durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Según el texto, tras la muerte del expresidente, se produjo un cambio en la política exterior hacia Irán que habría incluido una orden para cesar la colaboración entre la Secretaría de Inteligencia y el fiscal Nisman en la causa AMIA.
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Asimismo, el texto sostiene que también afectó el desarrollo de medidas de prueba para dar con los autores materiales y con quienes ordenaron el crimen. Este cambio se enmarca en el período anterior a la firma del Memorándum de Entendimiento, al cual Nisman se oponía por considerarlo inconstitucional.
«Aproximadamente para finales del año 2010 y principios de 2011, el Poder Ejecutivo Nacional, en cabeza de Cristina Fernández de Kirchner, decidió un viraje en su política exterior respecto de la República Islámica de Irán, que se tradujo en una orden a la Secretaría de Inteligencia para que cese en la investigación del atentado a la sede de la AMIA y su colaboración con el fiscal que llevaba adelante la causa», aseguró la fiscalía.
Ante ello, hubo una «negativa de un sector del organismo dedicado a la inteligencia nacional de cumplir esa orden, se dio comienzo a una fractura entre este grupo y las máximas autoridades nacionales y las dependencias de la Secretaría de Inteligencia que continuaban respondiéndole«.
Entre las medidas en curso, la fiscalía solicitó nuevas pruebas a distintas dependencias y órdenes emitidas a empresas telefónicas para analizar alrededor de 100 líneas relacionadas con el caso. Además, se investiga presuntas irregularidades en el procedimiento llevado a cabo en el complejo Le Parc, donde Nisman fue encontrado sin vida con un disparo en la cabeza en el baño de su departamento, cuatro días después de denunciar a la entonces presidenta Cristina Kirchner y otros imputados por encubrimiento agravado a raíz de la firma del Memorándum.
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Por otro lado, se imputó a varios funcionarios del Ministerio de Seguridad y fuerzas de seguridad, como el entonces secretario de Seguridad Sergio Berni, por presuntas irregularidades en la escena del hecho. También se continúa tomando declaraciones a agentes de inteligencia que tuvieron comunicaciones relevantes en los días previos a la muerte del fiscal.
La causa sigue abierta, con líneas de investigación activas que buscan esclarecer uno de los casos más resonantes en la historia judicial y política de Argentina. En la actualidad, sigue la declaración como testigos de agentes de inteligencia que mantuvieron «comunicaciones relevantes» el fin de semana de la muerte de Nisman y continúa el entrecruzamiento de la información.
JD / SN / Gi