En medio del embate de la oposición -que buscará el jueves que viene voltear los pliegos de los jueces de la Corte Suprema designados por Javier Milei vía decreto- La Libertad Avanza suma tensión: pidió también una sesión especial para reflotar Ficha Limpia, un tema que el peronismo se niega a aprobar. Ahora la vicepresidenta Victoria Villarruel es la que tiene que convocar y si decide dilatar o unificar los pedidos habrá conflicto.
Los pedidos fueron casi en simultáneo. Lo cierto es que el kirchnerismo ya había avisado que si conseguía dictamen del pliego de Manuel García Mansilla pediría una sesión especial para rechazarlo junto a Ariel Lijo el jueves que viene. Y así lo hicieron.
A su vez, minutos después de que terminó la comisión de Acuerdos en la que se despachó el pliego de Mansilla, cinco libertarios presentaron un pedido de especial para tratar Ficha Limpia y el proyecto de Juliana Di Tullio, de UP, que declara zona de emergencia a Bahía Blanca, un tema que tuvo dictamen de consenso el miércoles. No ponen día y hora. Lo piden para cuando la vicepresidenta lo considere «pertinente».
En Unión por la Patria descuentan que es una movida para complicar la sesión. «Son de manual», aseguran y sostienen que ellos pidieron primero la sesión.
Cerca de Villarruel no confirman qué va a hacer. «Veremos, es demasiado pronto», responden ahora. La semana que viene tendría que definir si convoca primero a Ficha Limpia o la de jueces o si unifica los pedidos.
Lo cierto es que los libertarios buscan la forma de evitarle un nuevo revés al Gobierno y quieren entrampar al peronismo que no quiere, de ninguna manera, dar quórum para debatir Ficha Limpia, el proyecto que denuncian que tiene nombre y apellido y que es para «proscribir» a su líder: Cristina Kirchner.
La solicitud por Ficha Limpia lleva las firmas del jefe de bancada, Ezequiel Atauche, y los senadores Juan Carlos Pagotto, Bruno Olivera Lucero, Ivanna Arrascaeta y Vilma Vedia.
El tema ya tiene media sanción de Diputados y si se aprueba se convertiría en ley. Como es un tema electoral requiere una mayoría especial de 37 votos afirmativos para convertirse en ley, algo que hasta ahora no está garantizado y dependerá de los santacruceños que vienen de mostrarle los dientes a Villarruel cuando hicieron caer la sesión preparatoria por falta de quórum.
El proyecto impide que personas que tengan una condena, confirmada en segunda instancia, por delitos de corrupción puedan ser candidatas.
La fecha de corte para decidir quiénes pueden o no competir finalmente quedó fijada por el calendario electoral: no podrá participar de la elección aquel que reciba la condena confirmatoria antes del plazo establecido en el artículo 25 del Código Electoral Nacional; es decir 180 días antes de la elección general.
El texto aprobado amplió además el rango de afectados: no va a regir solo para quienes quieran ser candidatos, sino también para funcionarios.