En medio de la negociación con el FMI, la Cámara de Casación salvó a Santiago Bausili en una causa por negociaciones incompatibles

Compartir

Por mayoría declaró inadmisible un recurso de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas que reclamaba volver a procesar al titular del BCRA por haber encabezado gestiones para colocar deuda pública a través de entidades financieras en las que se había desempeñado.

  • El BCRA vendió otros u$s186 millones y las reservas acumularon una caída de u$s1.057 millones en cuatro días

  • Euro hoy y Euro blue hoy: a cuánto se ofreció este miércoles 19 de marzo

La decisión fue de la Sala II de la Cámara de Casación Penal.

Mariano Fuchila

Por mayoría, el máximo tribunal penal del país firmó este miércoles una resolución que deja a salvo al actual titular del BCRA Santiago Bausili de una investigación por negociaciones incompatibles con la función pública, por la que ya había sido beneficiado con falta de mérito por la Cámara Federal, el 5 de diciembre de 2023, días antes de asumir el cargo.

La Sala II de la Cámara con los votos de los jueces Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci decidió desestimar el recurso interpuesto por la Procuraduría de Investigaciones Administrativas –a cargo de investigar delitos de funcionarios públicos-, que pedía que Bausili fuese procesado nuevamente. Así, convalidó lo que la Cámara Federal había dispuesto respecto a revertir su procesamiento, luego de que su defensa la asumiera el estudio del ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona y apenas cinco días de ser nombrado al frente del BCRA y cuando su nombre sonaba como integrante del Gabinete de Javier Milei. El juez de Casación Alejandro Slokar votó en disidencia.

La causa apuntaba a delitos de corrupción, a partir de operaciones financieras realizadas mientras Bausili era secretario de Finanzas durante la anterior gestión de Luis “Toto” Caputo en el Ministerio de Economía, durante el gobierno de Mauricio Macri. Después de que ambos dejaran sus cargos fundaron la consultora Anker Latinoamerica S.A.

La investigación estuvo a cargo del fallecido fiscal Federico Delgado y en base a ello el juez Sebastián Casanello lo procesó en dos oportunidades al constatar que en su calidad de secretario de Finanzas de la Nación encabezó gestiones oficiales -entre las cuales se destacaron cinco reuniones privadas con ex empleadores del Deutsche Bank- para la colocación de deuda pública.

La maniobra que era investigada por la PIA redundó en un beneficio por sumas millonarias a su ex empleadora, la firma Deutsche Bank, quien habría actuado como intermediaria financiera y percibido considerables comisiones, a la vez que le generó al Estado Nacional un incremento récord de su deuda que ascendió a los 100 mil millones de dólares. La causa se instruyó ya que mientras era Secretario de Finanzas, Bausili continuó percibiendo acciones y bonificaciones del banco por el equivalente aproximado de u$s200 mil, lo que podría haber afectado su independencia a partir de su vínculo con las entidades bancarias desde su rol en el Gobierno.

“En febrero y agosto del 2016 y 2017 (es decir en 4 oportunidades) el imputado recibió acciones del Deutsche Bank en concepto de indemnización”, indicó el recurso de la fiscalía. Una actuación como se dice vulgarmente “desde los dos lados del mostrador”.

Los camaristas Ledesma y Yacobucci sostuvieron que el recurso de la PIA no podía prosperar, en tanto “no se trataba de una sentencia definitiva o equiparable a tal y que, como la causa se encuentra en curso, las cuestiones planteadas podrán ser debatidas durante la investigación”. La defensa había echado mano de este particular argumento diciendo que la situación de Bausili era provisoria porque Casanello estaba adoptando una serie de medidas de prueba para avanzar con la causa, entre ellas un peritaje encargado a Gendarmería. Pero igual había pedido su sobreseimiento.

Casación ya había intervenido en el caso porque la PIA acudió directamente a ese tribunal contra la decisión de la Cámara el 5 de noviembre de 2024. Para la fiscalía que investiga a funcionarios públicos la revocatoria de su procesamiento no había sido fundada y por ende no era válida.

En su disidencia, Slokar apuntó a que la intervención de Casación en esta instancia estaba justificada en precedentes de la Corte Suprema si estaba involucrada una cuestión federal y si además estaba siendo menoscabado la garantía de defensa en juicio y del debido proceso del Ministerio Público Fiscal. A su vez, remarcó que “la insistencia de la Cámara Federal en no pronunciarse, provocando una demora innecesaria que perjudica la acusación y paraliza el proceso”.

Noticias Relacionadas