Un ejemplo de que el remate de los bienes de la ex presidenta Cristina Kirchner para devolver lo robado al Estado en la causa Vialidad no será automático sino que deberá pasar aún por diferentes niveles de apelaciones es el escándalo de la famosa “Ruta de los Mineros” en Río Turbio, Santa Cruz. La ruta que se pagó y nunca se construyó. El ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA), Juan Carlos Lascurain, fue condenado en 2019 a 4 años de prisión y a devolver al Estado, en forma solidaria con otros condenados, “unos 5 millones de dólares” a valores de hoy, informaron fuentes judiciales a Clarín.
Pero como interpuso varios recursos y aún le queda uno extraordinario ante la Corte para que decida si confirma o no su condena, el decomiso aún no se ejecutó. Aunque la diferencia con Cristina es que ella sí ya tiene una condena firme.
Se trata de una de las causas que giran alrededor de la mina de Río Turbio que el kirchnerismo, además de convertirla en un “foco de corrupción”, quiso poner como un ejemplo de industrialización. Hay otras por la usina y el tren turístico Evita que también se pagaron y nunca funcionaron.
En un escrito presentado ante la Cámara Federal de Casación Penal, la fiscal de juicio Fabiana De León señaló que “más allá de su correcta argumentación en torno a la falta de firmeza de la decisión de restituir las cosas al estado anterior, no ha logrado caracterizar esa ausencia de riesgo y derecho de una cautela que desde aquí se alegó, antes se receptó pero que ahora difiere al tiempo en que la decisión adquiera firmeza en los términos del art. 375 del Código Procesal Penal”.
León querían que el decomiso se realice antes de que la Corte decida si confirmar o rechaza la condena de Lascurain y los otros sentenciados.
La sentencia de 2019 ordenó “la reposición al estado anterior a la comisión del delito, disponiendo la restitución, en la medida de lo posible, de la suma de dinero detraída más los intereses devengados, de manera individual o solidaria, por parte de Atanacio Pérez Osuna, Horacio Matías Mazu, Miguel Ángel Larregina, Juan Marcelo Vargas, Juan Carlos Lascurain, y FAINSER S.A.” Sin embargo, Casación rechazó la queja de la fiscal y Lascurain tiene un recurso extraordinario pendiente en la Corte, que se resolverá en el corto plazo, según fuentes judiciales.
EN 2019, El Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) condenó a Lascurain a la pena de 4 años de prisión e inhabilitación perpetua por el delito de peculado, en una causa en la que se investigó la sustracción de 50 millones de pesos de entonces destinados a la construcción de una ruta cerca de la mina de Río Turbio que se pagó pero nunca se hizo.
Los jueces Germán Castelli, Enrique Méndez Signori y Fernando Canero dieron las mismas condenas al resto de los acusados: Atanacio Pérez Osuna (ex interventor e Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT); el ex coordinador de YCRT Miguel Angel Larregina, el diputado provincial Horacio Mazu y el ex asesor Juan Vargas. Pérez Osuma es el tío de la actual novia de Lázaro Báez, Claudia Insaurralde.
Cuando la fiscal de juicio Fabiana León pidió la condena indicó que «el hecho que origina este juicio es un hecho de corrupción», durante el juicio se trató el pago de un anticipo de esos 50 millones de pesos a la empresa Fainser, de Lascurain, por la construcción de una ruta que nunca se hizo.
Se trata de la primera de las investigaciones por delitos en Río Turbio que es juzgada. Antes, el ahora ex juez federal Luis Rodríguez envió a juicio al detenido ex ministro de Planificación Federal durante el kirchnerismo, Julio De Vido, y al ex secretario de Coordinación del Ministerio Roberto Baratta, entre otros, por supuesta defraudación en la parte central del caso.
Al momento de pedir la pena por peculado, la fiscalía sostuvo que «el cúmulo de pruebas permite afirmar que esa entrega de dinero fue una sustracción de caudales, y está prevista en el Código Penal como peculado», sostuvo León.
Además remarcó que el pliego de condiciones que licitó la construcción de la ruta de siete kilómetros, el llamado «Camino de los Mineros» para facilitar el tránsito en la zona del Yacimiento, «no preveía pago de anticipo alguno». Entendió la representante del ministerio Púbico Fiscal, que la «contribución de Lascurain fue imprescindible para sustraer los 50 millones de pesos» entregados como anticipo en tres pagos, el último de ellos el 9 de diciembre de 2015, «cuando ya se sabía que iba a cambiar la intervención de YCRT».
En el marco de la defraudación por el mal manejo de los fondos que debían dirigirse a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT), hubo una partida presupuestaria que involucró a Fainser, una empresa Lascurain que recibió fondos millonarios por una obra inconclusa. Quedó procesado por defraudación al Estado junto a los otros involucrados en una causa que investigó el fiscal federal Carlos Stornelli.
,Además, muchas de las obras proyectadas para la modernización y puesta en marcha del Complejo Minero “no se completaron” y contaron con “sobreprecios e irregularidades administrativas”. Fainser SA fue denunciada en esta causa por el entonces interventor de YCRT del gobierno de Mauricio Macri, Omar Zeidán, quien resultó amenazado y escrachado por su denuncia.