Abusos, acosos y choreos: las pruebas contra Alejandro Maraniello, el juez de la censura previa

“El tipo hizo de todo… de todo. El acoso, un accionar ilegal, era lo más evidente. Llegó a haber una consigna policial debido a las agresiones físicas que sufrieron empleadas en el mismo juzgado. Es tan psicópata que llegó a poner cámaras privadas en la entrada de su despacho, en un edificio público”, cuenta una fuente a La Izquierda Diario.

El “tipo” no es otro que el juez federal Alejandro Patricio Maraniello, quien desde el lunes ocupa el centro de la escena política. El titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Federal N° 5 dictó una medida cautelar que prohíbe al periodismo argentino difundir una serie de audios distribuidos por fuentes relacionadas con la Casa Rosada. Según trascendió, esos registros sonoros comprometerían a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei.

Maraniello presidía hasta no hace mucho la Asociación Argentina de Justicia Constitucional , que él mismo creó hace años. Pero la medida cautelar que acaba de dictar constituye una flagrante violación a la libertad de expresión y al ejercicio de la prensa libre, principios democráticos básicos amparados por la Constitución Nacional. Sabe que la censura previa está prohibida, pero decidió darle curso al delirante pedido de les hemanes Milei para intentar tapar el sol con un dedo tras la revelación de los audios de Diego Spagnuolo.

Como si se hubiera encendido una alarma que parecía llevar años desconectada, el repudio al fallo del juez Maraniello tuvo una inédita onda expansiva. Desde el CELS hasta el exjuez de la Corte Suprema Juan Carlos Maqueda, pasando por constitucionalistas como Andrés Gil Domíguez. Desde el Centro de Profesionales por los Derechos Humanos ( CeProDH ) que conduce Myriam Bregman hasta diputados que recién acaban de romper con La Libertad Avanza, pasando por exradicales como Martín Lousteau. Desde sindicatos de prensa como Sipreba y de otras ramas del trabajo hasta la cámara patronal Adepa .

Y el repudio es doble. Primero, porque Maraniello aceptó el pedido del Gobierno de amordazar a periodistas cuya información lo acorrala cada vez más. Segundo, porque el juez es el menos indicado para hablar de respeto a la “intimidad” y “privacidad” de las personas.

La Izquierda Diario accedió a testimonios y documentos que dan cuenta del daño ocasionado a muchas personas por parte del juez federal Alejandro Patricio Maraniello. Un verdadero prontuario cargado de agresiones sexuales, extorsiones y humillaciones a empleadas y empleados de su juzgado, a lo que se suma el uso sistemático de fondos del Estado para caprichos personales.

Empresas periodísticas que no pueden calificarse de “opositoras” aseguran que son nueve las denuncias radicadas en el Consejo de la Magistratura contra el juez, por diferentes delitos contra personas y bienes públicos. Cinco de ellas incluyen ataques sexuales contra quienes trabajaban a sus órdenes. Una de las víctimas, además, fue despedida del Juzgado por negarse a complacer a Su Señoría.

La mayoría de esas denuncias fueron presentadas por víctimas del accionar del juez y en algunas intervino directamente la Asociación de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial de la Nación (AEFPJN). Todo ello obligó al Consejo de la Magistratura a abrir una investigación contra Maraniello.

Desde hace al menos dos años el organismo encargado de analizar las conductas de los jueces nacionales, juzgarlos y, eventualmente, destituirlos tiene en sus manos testimonios y pruebas de las feroces conductas del magistrado. Tan contundentes son que el pasado 13 de agosto los consejeros de la Magistratura decidieron incorporar su nombre al Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por Situaciones Vinculadas a Violencia de Género.

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No dejó de sorprender a los baquianos de los pasillos judiciales que, justo cuando se especulaba con una inminente definición alrededor de las denuncias contra el juez, éste se despachara con un fallo que ejecuta la inconstitucional censura previa a medios de comunicación. ¿Está chiflado?, se preguntaron. Para nada. Quien piense en un pacto de impunidad mutua entre funcionarios de dos de los poderes del Estado, tiene razones de sobra.

Los consejeros del juez

Más allá de las promesas que les hemanes Milei le pueden haber hecho a Maraniello, en el Consejo de la Magistratura la investigación sigue abierta. Y es dudoso que el juez pueda zafar para siempre de cargos tan jodidos como el abuso sexual contra empleadas de su Juzgado, el apriete a empleados con discapacidad para que renuncien, la malversación de fondos públicos con fines privados y hasta acuerdos comerciales entre una asociación que él dirige y empresas imputadas en casos que él debía investigar.

La Izquierda Diario accedió a la denuncia que el 29 de agosto de 2024 presentaron el secretario adjunto de la AEFPJN Jorge Insaurralde Taján y la secretaria de Género Mayra García ante el Consejo de la Magistratura. Un escrito de 22 páginas acompañado de varios anexos en los que pedían el urgente juzgamiento del juez Maraniello.

En su presentación, la AEFPJN se dirigía directamente a Horacio Rosatti, el presidente de la Corte Suprema de Justicia que, a la vez, encabeza el Consejo de la Magistratura. Le pedía que el caso fuera analizado por la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo. Algunos medios informaron erróneamente que la denuncia llegó sólo a la Comisión de Disciplina y no a la de Acusación, como si no fueran la misma. Según el organigrama y el reglamento del Consejo, la comisión es una sola.

Apelando a los reglamentos del Consejo, los denunciantes afirman que, desde su cargo de titular del Juzgado Civil y Comercial Federal 5, Maraniello incurrió en graves faltas relacionadas con “acoso sexual”, “violencia de género”, “acoso laboral”, “maltrato”, “abuso de poder”, “comportamiento inapropiado en redes sociales”, “manejo inadecuado de recursos públicos” e “incumplimiento del Reglamento para la Justicia Nacional”.

En el escrito pedían expresamente que tanto Rosatti como otros consejeros “se abstuvieran” de intervenir en el expediente, lo que incluía “no tomar conocimiento de su desarrollo y trámite”. Es que tanto el presidente de la Corte como Jimena de la Torre (representante de “la abogacía” en el Consejo) y Andrés García (secretario de la Comisión) son miembros de la Asociación Argentina de Justicia Constitucional, que pcreó el propio juez Maraniello. Y Alberto Lugones, consejero en representación de los magistrados del Poder Judicial, es nada menos que el secretario general de esa organización.

No sólo eso. Los denunciantes también pedían que esos consejeros se abstuvieran de investigar y, eventualmente, juzgar a Maraniello ya que sabían de la “asiduidad” entre algunos de ellos y el juez, lo que “excede incluso la actividad estrictamente asociacional”.

Entre los consejeros no cuestionados por los denunciantes hay gente que, de todos modos, también tiene sus sombras. Como el santiagocaputista Sebastián Amerio (viceministro de Justicia de la Nación), la jueza Agustina Díaz Cordero (amiga de los organizadores de la visita de diputados a genocidas en Ezeiza) y el senador cordobés filomileísta Luis Juez. Todos son responsables de mantener cajoneadas las denuncias contra Maraniello desde hace años.

“Hizo de todo… de todo”

La denuncia presentada por la AEFPJN en agosto del año pasado refiere al caso de una persona que tomó contacto con el sindicato. La gravedad de los hechos relatados es tal que, atendiendo la integridad y la salud de la víctima, en el escrito no se vuelcan sus datos filiatorios. Sólo se la identifica con un alias que, además, impide reconocer su género. Los datos verdaderos figuran en un anexo ensobrado que, exigieron los denunciantes, sólo debería ser abierto por las autoridades del Consejo.

Esta denuncia es conexa a una anterior, también presentada ante la Magistratura. En 2023 una empleada del Juzgado acusó a Maraniello de “abuso de poder y/o autoridad”, “maltrato”, “desvío de fondos” y “peculado”, hechos sostenidos desde marzo de 2022. Además del testimonio de la víctima, la denuncia fue acompañada de otros relatos de compañeras y compañeros que corroboraron todo.

En su escrito de 2024 la AEFPJN cuestionaba la falta de celeridad del Consejo en ese otro expediente. Un año después aún no había sido “abierta a prueba” pese a los diversos “elementos de convicción certera” aportados por la denunciante.

La segunda denuncia contra Maraniello da cuenta de “la violencia y constante acoso sexual y laboral” padecidos por la víctima, quien tras superar un largo silencio (motivado por las amenaza del juez), decidió hablar ante excompañeros de trabajo y recurrir a la ayuda de la organización gremial. Allí le sugirieron que hiciera una declaración ante escribano público, para evitar relatos traumáticos y revictimizantes en posteriores instancias judiciales.

“De los hechos y circunstancias declaradas por la víctima surge en forma palmaria la violencia de género, el acoso sexual y laboral, maltrato y el abuso de poder” desplegados por Maraniello, lo que incluyó constantes “actos de humillación” delante del personal del Juzgado.

Para los denunciantes, la gravedad del caso se potencia al estar “basado en una relación absolutamente desigual”, ya que el victimario es “la cabeza máxima de un Juzgado Federal, integrante de una asociación civil dedicada nada menos que al derecho constitucional argentino y autoridad destacada de una organización mundial destinada a ésta rama del derecho”.

A ello se suman disparidades de edad, académica, económica y de fuerza física de las que se aprovechó el juez. Un combo que, lógicamente, afectó hasta la actualidad la “vida, dignidad, integridad física, psicológica, sexual y la seguridad personal” de su víctima.

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En otro anexo que acompaña la denuncia hay copias de conversaciones en chats de redes sociales entre Maraniello y una de sus presas. “Una clara violación al deber de observar buena conducta dentro y fuera del ejercicio de su magistratura”, afirman los denunciantes. El juez acosaba a esa persona con palabras, fotos y demás mensajes por Instagram, sobre todo los fines de semana. También lo hacía por Telegram.

Maraniello buscaba especialmente acercarse y tejer vínculos con quienes consideraba más “vulnerables” dentro del personal a su cargo. Si no pertenecían a la “familia judicial”, mucho mejor. Quería el terreno lo más allanado posible para quebrar la voluntad ajena en pos de consumar sus perversiones. Hacía foco en quienes él consideraba que tenían baja autonomía económica, social y académica.

Como sucede en tantos otros casos, luego de tanto acoso y abuso Maraniello decidió dejar sin trabajo a su víctima. Él mismo le había prometido un “nombramiento efectivo”, pero tras varios tropiezos en sus intenciones, giró bruscamente y empezó a hostigar y humillar, muchas veces delante de involuntarios testigos. Hasta que finalmente forzó su desvinculación laboral.

Tras el despido, prometió hacer lo posible para que esa persona no volviera a trabajar en el ámbito judicial. “Soy amigo de mucha gente de la política y del Poder Judicial”, mensajeaba el juez. Y para no activar esas “influencias”, le pedía a su víctima que le enviara una comunicación formal elogiándolo por el supuesto “buen trato” que le habría dispensado durante su paso laboral por el Juzgdo. Perverso a la enésima potencia.

Christian Castillo (PTS-Frente de Izquierda), promotor de la autoconvocatoria de la Comisión de Libertad de Expresión, lo hizo como su vicepresidente junto a los demás integrantes, y presentó lo que fue una conferencia de prensa «ante la negativa de la presidenta de la Comisión… pic.twitter.com/tyW9MI9tlq

— La Izquierda Diario (@izquierdadiario) September 3, 2025

Casta chorra

A todo lo anterior, las denuncias contra el juez Maraniello agregan que “dispuso de fondos y el trabajo de personas en exclusivo beneficio propio”, lo que incluyó la “orden” a empleadas y empleados de realizar tareas para la Asociación Argentina de Justicia Constitucional , que integran varios miembros del Consejo de la Magistratura.

Al menos dos empleados actuales del Juzgado Civil y Comercial Federal 5 confirmaron que los fondos asignados para “cubrir necesidades propias de los órganos jurisdiccionales” a su cargo “fueron redireccionados para cubrir gastos personales y propios de la actividad de la asociación”.

El extrabajador que habló con La Izquierda Diario confirmó que “a compañeras que trabajaban en el Juzgado las presionaba para que ‘colaboraran’ en su asociación” y que “si alguien llevaba poco tiempo en el puesto la presión era mayor, jugando con la estabilidad laboral de la gente”.

La fuente recuerda la conmoción que le causó “el caso de un compañero que tenía una enfermedad crónica al que Maraniello se empecinó en hacer renunciar. Lo llamaba y le decía ‘quiero que dejes el cargo, tengo que nombrar a alguien mío’. La coacción era brutal. Llegó al colmo de hacerlo ir a trabajar a la oficina en plena pandemia de covid-19, sabiendo que era una persona inmunodeprimida y podía morirse”.

Mientras Maraniello gastaba fondos públicos para fines privados, el personal del Juzgado debía reponer las lapiceras, resmas y demás útiles laborales gastando de su propio bolsillo. En las oficinas llegó a faltar agua porque el juez no pagaba la reposición de los dispensers. Y hasta propuso que la reparación de la vieja heladera la pagaran entre todos haciendo una “vaquita”.

“Una multiplicidad de hechos que, si bien ameritan una sanción disciplinaria, es muy probable que, a su vez, puedan constituir delitos”, afirma el escrito que ya lleva un año en los cajones del Consejo de la Magistratura. Por eso solicitaron que la denuncia fuera remitida a la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal, “a los fines de que el juzgado federal penal que por sorteo corresponda tome conocimiento e investigue”.

La denuncia de la AEFPJN fue analizada por la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM). Su titular, Mariela Labozzetta, dictaminó que debía abrirse un expediente penal contra Maraniello. Por sorteo, el expediente recayó en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal 1 y en la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal 4. Es decir que la suerte penal de Maraniello está en manos de María Servini y de Carlos Stornelli. Sí, la jueza que ordenó hace tres décadas censura previa contra Tato Bores y el fiscal especializado en encubrir a los criminales con poder. Todo joya.

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Marche preso Su Señoría

“Además de los acosos y abusos personales, el tipo se saca por cualquier cosa y empieza a putear a los gritos en los pasillos”, grafican las fuentes consultadas por este medio. Aseguran que Maraniello “llegó a zamarrear a una chica delante de varios compañeros y, por ese hecho, terminaron poniendo custodia en el quinto piso, para trabajar con ‘normalidad’. La misma gente de Seguridad advertía al personal que ‘tuvieran cuidado’ si iban al despacho del juez y aseguraban haber visto salir chicas llorando de esa oficina”.

Hace tres semanas, dos años después de recibir la primera denuncia contra Maraniello y uno de haber recibido la segunda, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura pareció “despertar” y movió los expedientes. Empezaron a citar a testigos, pedir informes y notificaron al denunciado que se le daba la posibilidad de hacer su descargo y poner un defensor. Hay quienes aseguran que estaría al caer una primera imputación en su contra.

Que en los últimos días haya ganado fama por ordenar censura previa al periodismo no significa que las acusaciones contra Maraniello sean algo “excepcional” en el Poder Judicial. La compraventa de favores sexuales, acomodos por interés y despilfarro de fondos es moneda corriente en juzgados y fiscalías. La impunidad conquistada por esa casta privilegiada no puede ocultar su extenso historial de crímenes y delitos contra las personas y los bienes públicos.

No es casual que en los últimos años trabajadoras y trabajadores judiciales independientes se hayan autoconvocado para formar una “comisión contra el acoso”, alzando la voz ante tanto daño causado por prácticas naturalizadas en el Poder Judicial.

La semana pasada la AEFPJN anunció la noticia de que el Consejo de la Magistratura aceptó incorporar el caso Maraniello en su Registro Público de Denuncias Presentadas contra Magistrados y Magistradas por Situaciones Vinculadas a Violencia de Género. Creado en 2021, actualmente ese listado está compuesto por siete magistrados.

Santiago Viola, el operador judicial y apoderado nacional de La Libertad Avanza, sabía muy bien de las necesidades de Maraniello. Por eso, cuando le presentó el escrito para intentar frenar la difusión masiva de los audios comprometedores de Karina Milei, el juez no tuvo escapatoria. A esta altura, tirar a la basura años de discurso en favor de la Constitución Nacional resulta un costo menor para él.

Acorralado por las denuncias y a un paso de la destitución, probablemente Maraniello haya visto en la complacencia a los deseos de les Milei una “llave” para garantizarse impunidad personal. ¿Durará mucho tiempo ese pacto espurio? Se verá.

Mientras tanto, las personas a las que Maraniello hostigó, acosó, humilló y hasta despidió por no complacer sus perversiones, esperan que alguna vez deje de ser juez y, sobre todo, deje de hacer tanto daño. “Ahora está al lado del Presidente, ojalá salga todo a la luz y el pueblo se los lleve puestos a los dos”, concluye una fuente que caminó durante años los pasillos del Juzgado Civil y Comercial 5.