Entre el personal de la administración pública nacional, empresas y sociedades del Estado se perdieron, solamente en un mes, 1.520 puestos de trabajo. Es lo que surge del último informe del Indec, que reporta esta cantidad de bajas totales, aunque también un incremento notable mensual en Presidencia: de junio a julio pasó de los 4.556 a los 4.690 empleados, con lo que –a contramano del resto– sumó 134 personas (3%), de las cuales 18 están fuera del convenio colectivo de trabajo. Esto engloba, según entiende el Indec, “a las autoridades políticas y funcionarios extraescalafonarios o cuya función no se encuentra alcanzada por ese convenio”.
Entre junio y julio la cantidad de puestos de conducción de esta oficina escaló de 38 a 56, lo que en términos porcentuales es un aumento del 47,3%. En términos interanuales, según datos oficiales, estos cargos se incrementaron en un 75%.
Los números de Presidencia llaman la atención en un contexto de ajuste del que, además, el Gobierno presume. En un año la cantidad de trabajadores del Estado y sus empresas se redujeron de los 341.473 a los 287.658, un total de 53.815 de acuerdo con el Indec. Pero, mientras el resto de las carteras redujo su personal de junio a julio –excepto Seguridad, que sumó diez personas– Presidencia lo aumentó. Y lo hizo considerablemente después de registrar caídas desde febrero.
Además, la Jefatura de Gabinete perdió, entre junio y julio, diez trabajadores; el Ministerio de Capital Humano, 54; el Ministerio de Defensa, nueve; el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, tres; el Ministerio de Economía, 83; el Ministerio de Justicia, 37; el Ministerio de Relaciones Exteriores, 14; y el Ministerio de Salud, 30. A eso hay que sumarle las bajas en la administración descentralizada y los demás entes y empresas del Estado.
En total, en el último mes reportado, los empleados de todas las dependencias pasaron de los 289.178 a los 287.658.
El Centro de Economía Política Argentina (CEPA) analizó el reporte oficial y destacó que, en términos absolutos, las empresas y sociedades del Estado concentraron la mayor cantidad de despidos, seguidas por los organismos descentralizados y centralizados.” En términos proporcionales, el ajuste golpeó con más fuerza a la administración centralizada, revelando un vaciamiento de funciones directamente asociadas al Poder Ejecutivo”, señalaron.
Los datos del Ministerio de Desregulación. La cartera de Desregulación lleva su propia medición. Existe una discrepancia con los datos proporcionados por el Indec. De acuerdo con el estudio del Ministerio, entre diciembre de 2023 y julio de 2025 se eliminaron 53.345 puestos de trabajo, casi 500 menos que los que reporta el Instituto de Estadística y Censos.
La reestructuración implicó un descenso del 10,6% en el empleo público. “Se destacan las caídas en la Administración Pública Nacional (APN) y las empresas estatales. En ese período, la APN redujo su personal en un 15,1%, mientras que en las empresas estatales la disminución alcanzó el 18,5%”, agregan.
Más allá de eso, el Ministerio de Desregulación valora que “esta reestructuración ha permitido generar un ahorro anual total de 2.106 millones de dólares”. Explican el ahorro de la siguiente manera: “la reducción de personal en el sector público genera un ahorro anual de 1.053 millones de dólares en sueldos”. Sin embargo, estiman, “por amplio consenso”, se entiende que “el costo total de cada empleado duplica su salario debido a gastos en infraestructura laboral, tales como el espacio de oficina, mobiliario, equipos electrónicos, suministros y servicios varios”. Así, el Gobierno sostiene que el total de gastos que se evitan con los despidos equivalen a los 2.106 millones de dólares mencionados más arriba.
Advierten, además, que la estrategia se profundizará a futuro, con mayores reducciones de personal y eliminación de áreas “que no cumplan una misión esencial”. Afirman que esta medida “refleja el compromiso del Gobierno con la reducción del gasto público y su determinación de cumplir con las promesas de eficiencia y austeridad en la administración pública”.
Pero, para afrontar el incremento en la cantidad de personal, Presidencia tuvo que hacer ajustes a la inversa de esta premisa: para gastos en personal la oficina cuenta con un presupuesto de $ 210.636 millones, un incremento del 99% interanual (en 2024 disponían de $ 105.798 millones) y del 292,7% respecto a 2023 (cuando era de $ 53.629 millones).