Pese al resultado del domingo, Javier Milei redobla la apuesta. El Congreso insistió con la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2026 y en la Casa Rosada dejaron trascender que el Presidente judicializará la medida. Los expertos aseguran que, salvo que consiga una medida cautelar, el Presidente debe poner en marcha la ley. La otra opción que barajan en el Ejecutivo como alternativa a la judicialización es «dejarla morir». En el mientras tanto, la oposición amenaza con remover al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
El derrotero de la Emergencia en Discapacidad parecía haber llegado a su fin este lunes, cuando el Senado le comunicó a la Casa Rosada la insistencia, por parte del Congreso, a la iniciativa que comenzó a debatirse en Diputados a comienzos de año, “quedando así convertido en ley de conformidad con el artículo 83 de la Constitución Nacional”. La nota fue enviada a Balcarce 50 luego de que la semana pasada, el Senado ratificara la ley, con 63 votos a favor y 7 en contra.
¿Qué dice el artículo 83? Que si luego de un veto presidencial “ambas Cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación”. Es decir, la Carta Magna no le da margen al Ejecutivo. Y así lo interpretan, por caso, los abogados constitucionalistas Andrés Gil Domínguez y Diego Armesto.
Senado Sesión
Con 63 votos a favor y 7 en contra, el Senado ratificó la ley.
“Está obligado”, respondió Gil Domínguez al señalar que Milei debe promulgar y publicar en el Boletín Oficial el texto que tiene como principal impulsor al diputado Daniel Arroyo, de Unión por la Patria. “Es un delirio”, agregó Armesto, al señalar que una vez que el Poder Legislativo insiste con un veto, “automáticamente, el presidente la tiene que promulgar”.
La única alternativa que tiene Milei es ir al Poder Judicial y conseguir una medida cautelar. Recién en esa instancia, podría no aplicar la ley. Hasta tanto, esta debe regir. Pero, como dijo otro abogado constitucionalista, a modo de chicana a este medio, “hay que ver si Maraniello está de turno”. Se refería al juez que impidió difundir los audios atribuidos a la hermana del Presidente.
“¿A quién va a demandar?”, se preguntó Gil Domínguez. “¿Al Congreso? ¿Por ejercer facultades propias?”, continuó. Como dijo Armesto en más de una ocasión: “La Corte ya lo ha dicho otras veces: no interviene en decisiones propias de otros poderes”.
Discapacidad: el plan B
Tal cual dijo Arroyo al día siguiente de la comunicación de la insistencia a la Casa Rosada, durante un nuevo encuentro de la Comisión de Discapacidad que él preside, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ya debería reasignar las partidas presupuestarias correspondientes, para la puesta en marcha de la ley. Así como también, actualizar los nomencladores.
El asunto es que el Ejecutivo se encontraría en una encerrona: si reasigna partidas, estaría, de alguna manera, reconociendo la vigencia de la ley que Milei rechaza. Es por eso que otra opción que se baraja en la Rosada por estas horas es reglamentar la ley de manera tal «que no se pueda aplicar».
Ahora bien, de no implementar la reasignación presupuestaría, tanto Milei como Francos podrían ser denunciados ante la justicia por incumplir con los deberes de funcionario público.
Al mismo tiempo, tal cual recalcó el diputado de Encuentro Federal, Oscar Agost Carreño, el Congreso podría tomar cartas en el asunto. Al menos con Francos. Vale recordar que el jefe de Gabinete (figura que se creó con la reforma constitucional del ’94) es el responsable de la administración general del país.
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Agost Carreño recordó que el Congreso podría tomar cartas en el asunto.
“El Congreso dejó sin efecto el veto a la Ley de Discapacidad. El Jefe de Gabinete tiene la obligación de reasignar las partidas conforme a la ley”, escribió en su cuenta de Twitter el presidente del PRO de Córdoba. Y añadió: “Si no lo hace, el Congreso puede interpelarlo o incluso aplicar la moción de censura del Art. 101 CN. Confío en que cumplirá la ley, más allá del fogoneo comunicacional del Gobierno”. Es decir, el Poder Legislativo podría remover a Francos de su cargo.
El propio Arroyo advirtió, delante de los integrantes de la comisión que encabeza, que desde ese cuerpo harán un “seguimiento permanente, para que la ley se ponga en marcha”.