“No tenía nada que ver con eso”. Esa frase repetía Ariel Fernando García Furfaro (49), el dueño de HLB Pharma, casi como un mantra ante cada cuestionamiento concreto que realizaba el juez Ernesto Kreplak, quien este viernes lo indagó en la causa en la que se investiga al menos 96 muertes de pacientes que recibieron dosis de fentanilo contaminado.
Esa expresión, o similares, utilizó el dueño del laboratorio que vendió el opioide adulterado para desligarse de la responsabilidad en el manejo operativo de la firma y de otra de las empresas del grupo -como Laboratorios Ramallo- que manejaba junto con su familia y fue la encargada de la fabricación de los lotes que resultaron contaminados.
La indagatoria se extendió por casi seis horas. Es que la acusación que realizó la fiscal Laura Roteta tiene minuciosos detalles sobre todas las irregularidades en el proceso de producción y en la vulneración de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) que deben seguir para poner en el mercado productos sanitarios.
“Esas cuestiones de precisión correspondían a los colaboradores y técnicos que eran contratados para eso”, fue la explicación que dieron en el entorno del abogado Gastón Marano, defensor de García Furfaro y quien asistió al imputado en el trámite judicial realizado este viernes en el palacio de los Tribunales Federales de La Plata, en 8 y 50.
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AA