Ariel García Furfaro, dueño del laboratorio HLB Pharma.
El empresario Ariel García Furfaro, dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., prestó declaración indagatoria este viernes ante el juez federal Ernesto Kreplak en el marco de la causa que investiga la muerte de 96 personas por fentanilo contaminado.
García Furfaro, quien fue detenido esta semana junto a directivos del laboratorio HLB Pharma, «pudo decir todo lo que quería decir» ante el juez Kreplak en los tribunales de La Plata, donde se tramita la causa. Durante la jornada también hubo novedades con respecto a Nilda Furfaro, la madre de Ariel, quien accedió al beneficio de la prisión domiciliaria luego de que su defensa solicite su excarcelación.
Ariel García Furfaro, su madre y sus dos hermanos fueron detenidos el miércoles de esta semana tras varios allanamientos en los que también se aprehendió a los ejecutivos de HLB Pharma, también en el marco de la causa por fentanilo contaminado.
Personal de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y Gendarmería realizó al menos 10 allanamientos en las últimas horas, durante los cuales se concretó la detención del empresario y de otros implicados en la causa del fentanilo contaminado.
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García Furfaro también es dueño parcial de Laboratorios Ramallo SA, que es la otra compañía donde se habrían producido las partidas defectuosas de la droga, que es un poderoso opiaceo que se utiliza como sedante en pacientes delicados.
Otros familiares del empresario que quedaron detenidos en el marco de la causa fueron sus hermanos, Diego y Damián García, y su madre, que es accionista de HLB Pharma y actual vicepresidenta de la compañía tras haber sido su titular.
Con los García Furfaro también se detuvo en los allanamientos al director general de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, Javier Tchukran, así como a los directores técnicos de los dos laboratorios, identificados como Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano.
El artículo 201 bis del Código Penal Argentino, de la Ley 11.179, establece una pena de reclusión o prisión de 10 a 25 años si como consecuencia del envenenamiento, adulteración o falsificación de aguas potables o sustancias alimenticias o medicinales, resulta la muerte de una persona, al tiempo que, en el caso de hallarse lesiones gravísimas, la condena es de tres años.
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