Durante la audiencia ante el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) en la que medio centenar de empresarios pidieron que se les permita acceder a una «reparación integral» para evitar el juicio por los Cuadernos de las coimas a través de un pago económico, la fiscal Fabiana León fue contundente: “La corrupción se juzga” y “la honra no se paga”, sentenció. Y se opuso “al mercado de impunidad que impone el que puede pagar”. En ese sentido dijo que se debe ir hacia “el juicio público”, como mensaje a la sociedad.
La fecha de juicio oral está fijada desde el año pasado. En este 2025, además se convocó a la audiencia ordenatoria -antesala del debate- para el 24 de septiembre. Sin embargo, ahora medio centenar de empresarios pidieron una «reparación integral»: una figura legal que implica pagar por el daño ocasionado con el delito atribuido, a cambio de obtener un sobreseimiento y evitar el juicio por corrupción.
La audiencia de este viernes la fijó el TOF 7, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Cañero y Germán Castelli, por pedido de la fiscal general Fabiana León.
Con más de 90 integrantes y serios problemas de conectividad, la audiencia virtual inició una hora después de lo pautado. Es sólo un muestreo previo de la cantidad de personas que desde el 6 de noviembre deberán conectarse: el juicio será de forma online, con 174 acusados y 630 testigos.
Para la justicia federal, durante el gobierno de Néstor y Cristina Kirchner existió una estructura de corrupción que funcionó desde el Ministerio de Planificación Federal para recaudar fondos ilegales, que eran pagados por empresarios contratistas del Estado vinculados a diversos rubros.
En toda la investigación hay 26 calificaciones jurídicas, respecto al rol ocupado por cada uno de los acusados. Pero también, se señaló la totalidad de hechos investigados que asciende a 540.
La principal acusada es Cristina Kirchner, procesada como jefa de la asociación ilícita que recaudaba coimas sistemáticamente. Para la justicia federal la maniobra por de sobornos contó con el “aporte indispensable de los empresarios”, pero sólo responderán por el delito de cohecho.
El dinero ofrecido
En la audiencia de este viernes, los empresarios hicieron diversos ofrecimientos económicos como «reparación integral»: Hugo Dragonetti 1.421.195.500 pesos; Miguel Aznar 1.100 millones de pesos; Julio José Paolini 826 millones; Mario Rovella 732 millones; Miguel Marconi 527 millones; Gabriel Romero 510.298.166 pesos; Enrique Pescarmona y Rubén Valenti 510 millones; Claudio Glazman 306 millones y Armando Loson 181.236.691,18 pesos.
Por su lado, Ernesto Clarens (financista arrepentido) ofreció bienes ya embargados en Estados Unidos: un departamento y un yate en Miami valuados en 1,5 millón de dólares, Alberto Padoán, 100 mil dólares; Luis Armani 5 millones de pesos; Walter Fagyas -ex titular de Enarsa- 250 millones; Juan Manuel Abal Medina 60 millones de pesos), Marcuzzi ( $ 300 mil).
Cifras por debajo de los 5 millones de pesos fueron ofrecidas por Carlos Arroyo, Carlos Román y Sergio Taselli, que ofreció 10 mil dólares.
Otros requirieron la actualización de los embargos trabados a lo largo del expediente. Como contó Clarín hay, en total, 1.100 millones de dólares cautelados.
Los empresarios fundaron su planteo en la extensión que un juicio de esta envergadura, con la cantidad de acusados que posee y con audiencias semanales de forma virtual. Pero además, muchos sostuvieron que hay un conjunto de procesados que tienen más de 70 años, y otros afrontan problemas de salud.
Entienden que una reparación integral es más eficaz para concluir con la acción penal en la causa de los Cuadernos de las Coimas.
La fiscalía y un rotundo rechazo
La fiscal Fabiana León fue la última en hablar y fue taxativa al señalar: «en esta fiscalía no vende impunidad».
Continuando con esa línea dijo que la reparación integral «es inabarcable en cohecho pasivo/activo y en los demás delitos contra la administración pública que están en juego: el daño no es patrimonial ni mensurable en dinero. Por ello, aún grandes pagos o restituciones no satisfacen el estándar de integralidad exigido para extinguir la acción».
En ese punto dijo que estamos ante «una causa de gran corrupción, y con la reparación se busca abrir un mercado de impunidad. La reparación no es un derecho, no es una garantía, es una forma alternativa de resolución del conflicto sólo para ciertos supuestos y que debe contar con la opinión favorable del Ministerio Público Fiscal«.
No dejó ninguna duda de su rechazo a cualquier arreglo económico con los imputados, y en esa línea la fiscal reiteró que «no hay víctimas disponibles ni precio del daño institucional. No existe ‘víctima particular’ con quien transar. Un organismo estatal concreto no agota el interés comprometido».
León profundizó ese argumento: «El daño en cohecho no es esencialmente patrimonial. Erosiona la confianza pública y la legitimidad del Estado. Distorsiona decisiones administrativas (adjudicaciones, prioridades presupuestarias, controles) y afecta la competencia».
Además, la representante del Ministerio Público dijo que la reparación pretendida por los empresarios y ex funcionarios «impide la igualdad de acceso a la contratación pública. Frustra fines penales indeclinables: verdad, sanción e inhabilitación. Si se exigiera “integralidad”, ¿qué habría que reparar? Para “integrar” el daño habría que, por ejemplo: rehacer procesos administrativos y contractuales influenciados; restituir oportunidades perdidas de terceros», entre otros ejemplos.
Dijo que en casos como este la justicia debe restituir «confianza institucional y garantizar no repetición a escala sistémica; asegurar la inhabilitación de quienes corrompieron la función pública».
«No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se ha causado», machacó la fiscal León.
En ese momento reiteró que «pagar no puede ser el precio de salida. El ofrecimiento dinerario que vimos hasta ayer era patético. Una suma rápida expone y habría que dividirla por los doce años que duró la investigación ¿quién sería la víctima?».
La fiscal dio también, un detalle de todo lo realizado en el trámite de la causa. Desde que fue elevada a juicio oral, se contestaron más de 50 excepciones, todas ellas rechazadas. “La Fiscalía efectuó más de 580 presentaciones (vistas y escritos). Se requirió en reiteradas oportunidades pronto despacho, queja por retardo de justicia en tramos conexos e instrucción suplementaria”.
Este último punto no es menor: en reiterados planteos, la fiscal Fabiana León pidió la celeridad de cara al inicio del juicio oral y público.
Fue el Tribunal el que fijó para el 6 de noviembre el inicio del debate, para ello -explicó la representante del Ministerio Público-, “se proveyó prueba documental después de tres años, lo que fue reclamado por mí, no por las defensas”.
“Este recorrido demuestra que el cauce natural y constitucional de conclusión es el juicio oral público, no una transacción”, especificó la fiscal León.
Para cerrar su planteo, la fiscal sostuvo que la confianza en la justicia “no se construye con soluciones fáciles, sino cuando las reglas funcionan en los casos más difíciles. Esta causa, paradigma de gran corrupción, es precisamente el test donde el sistema debe afirmar legalidad, igualdad y publicidad del juicio”.
Continuando con esa premisa, dijo que si en este expediente “se “transa” o se “mercantiliza”, el mensaje social es letal: la ley se negocia cuando el imputado tiene poder o recursos”.
Sobre la reparación integral, la fiscalía dijo que la misma si bien está contemplada en el Código Penal, “no sustituye ese juicio: devolver dinero sin debate ni sentencia devalúa el derecho penal y lo reduce a mera contabilidad económica”.
La pena (o la absolución) pública “cumple una función normativa: afirma qué conductas son intolerables, disuade futuros desvíos y garantiza igualdad ante la ley. Permitir salidas transaccionales abre un mercado de impunidad que premia a quien puede pagar, rompe la simetría con el ciudadano común y erosiona la confianza democrática”.
Este punto refiere a que la reparación integral no exige la admisibilidad de la pena y de hecho, al pagar la consecuencia inmediata es el sobreseimiento. Distinto a lo que ocurre en el juicio abreviado, donde el imputado reconoce el delito atribuido y acuerda una pena.
Recordó que a lo largo de estos años, la fiscalía ha acreditado “consistencia técnica y fortaleza procesal: la causa soportó un intenso control jurisdiccional y una catarata de planteos —algunos plausibles, otros dilatorios y algunos manifiestamente oblicuos— rechazados en todas las instancias”.
A esta altura, negociar una salida vaciaría de “sentido la confianza construida paso a paso y traicionaría el mandato constitucional que nos impone llevar estos hechos a juicio”.
Por eso en tono enfático concluyó: “La confianza se honra ahora; rechazando “reparaciones” que privaticen el interés público y llevando la causa al debate oral como corresponde. Allí se definirá verdad y responsabilidad (o absolución), y se ejecutará el recupero por las vías legales».
Durante los minutos finales remarcó: «Este es el mensaje que repara lo que el dinero no puede: el funcionamiento imparcial de las reglas en uno de los casos más difíciles. El dinero no compra honra”.
La voz del Gobierno
Cuando fue el momento escuchar al gobierno a través de la Unidad de Información Financiera (UIF), el organismo fue representado por Mariano Galpern, quien rechazó el pedido de los imputados. Ante la reparación integral sostuvo que era “jurídicamente inadmisible” hacer lugar.
“El dinero va a volver a las arcas del Estado, no será ya pero será cuando se condene y se decomisen todos los bienes. Se trata de condena y decomiso de bienes provenientes de actos ilícitos”, dijo el abogado de la UIF al rechazar la reparación integral pedida.