El gobernador de Chubut, Ignacio «Nacho» Torres, anunció este martes una serie de medidas para llevar adelante el Plan Integral de Reordenamiento del Estado, que incluyen la la eliminación de 168 cargos políticos considerados «ineficientes» y la cesantía de contratos de «ñoquis» que cobraban su salario pero no concurrían a trabajar.
Después de realizar un Censo de Empleados Públicos, Torres eliminó 168 cargos políticos y jerárquicos en estructuras de Gobierno, compuestos por 40 direcciones, 21 direcciones generales, 7 subgerencias, 37 jefaturas de departamento, 20 asesores de gabinete, 21 jefaturas de división y 8 subsecretarías, entre otros.
«La reducción de cargos públicos fue un compromiso que asumimos desde el inicio de la gestión y que, tras los datos arrojados por el Censo, vamos a poder cumplimentar», dijo Torres en X.
Y agregó: «Si no tomamos la decisión, desde el Estado, de ponerle un punto final de estas estafas a los contribuyentes, va a seguir todo igual. No es una decisión menor: este censo, que se hizo por primera vez en la provincia, nos da las herramientas para hacer un Estado más eficiente».
En base a los resultados arrojados por el Censo, el Gobierno de Chubut tomó la decisión de cesantear al 0,3% de los 46.000 empleados públicos de la provincia «por no ir a trabajar», sancionar administrativamente al 13% «por no realizar el censo», y la suspensión salarial del 1,3% «por encontrarse en situaciones laborales irregulares».
Tras muchísimos años de irregularidades, injusticias y cargos sin concursar, vamos a garantizar el procedimiento administrativo correspondiente para las recategorizaciones, las reubicaciones, los traslados y la toma de posesión de cargos jerárquicos
Al respecto, Torres señaló: «Otro compromiso que asumimos desde el principio fue que se acaben las avivadas en nuestra provincia. Es muy importante porque hay un cambio cultural que implica que los representantes de los trabajadores del Estado representen, justamente, a los que se levantan temprano para ir a trabajar».
«Hay agentes adscriptos cobrando un sueldo provincial, pero que están fuera de la provincia: eso está mal y va a seguir estando mal. Esos casos se van a eliminar sin importar apellidos, afiliaciones políticas ni cuándo entraron. No habrá ningún tipo de excepción», agregó.
Asimismo, Torres anunció la implementación de la Ley 3×1 para ingresos al Estado hasta el 2018. Esto quiere decir que, para que haya un ingreso a la administración pública, deberán darse tres bajas, retiros o jubilaciones en puestos similares.
Por otro lado, el Gobernador anticipó que tanto el ingreso a la administración pública en los tres poderes del Estado de Chubut, como todas las reubicaciones y recategorizaciones deberán hacerse mediante la implementación de concursos.
«Tras muchísimos años de irregularidades, injusticias y cargos sin concursar, vamos a garantizar el procedimiento administrativo correspondiente para las recategorizaciones, las reubicaciones, los traslados y la toma de posesión de cargos jerárquicos», dijo.
Torres eliminó 168 cargos políticos y jerárquicos en estructuras de Gobierno, compuestos por 40 direcciones, 21 direcciones generales, 7 subgerencias, 37 jefaturas de departamento, 20 asesores de gabinete, 21 jefaturas de división y 8 subsecretarías, entre otros.
Otra de las medidas anunciadas es el acompañamiento educativo para que los 6.080 agentes que no finalizaron sus estudios primarios o secundarios, según los resultados arrojados por el Censo, puedan obtener su título.
«Cada ministro tendrá la responsabilidad, a la hora de nombrar a alguien, de elegir, formar y capacitar a quienes ya están trabajando desde hace mucho tiempo dentro del Estado, y no va a entrar absolutamente nadie sin concurso previo. De esta manera, nadie va a ingresar por ser amigo de alguien y, por lo tanto, el Estado va a ser más eficiente. Es lo que buscamos para mejorar la calidad de vida a todos los chubutenses», expresó el gobernador.
Por último, se comunicó que alrededor de 6.500 empleados públicos están próximos a jubilarse, por lo que se llevará a cabo una revisión de personal de acuerdo a la edad y los aportes, para luego iniciar los trámites jubilatorios.