El sector de las prestaciones por discapacidad atraviesa una crisis caracterizada por denuncias de irregularidades, movilizaciones en todo el país y un déficit operativo del Fondo Solidario de Redistribución, que alcanzó los 10 mil millones de pesos en noviembre, de un total de casi 90 mil millones de pesos. De este fondo, el 80% se destina a las prestaciones por discapacidad, siendo los rubros de transporte, apoyo escolar y capacitación laboral los que absorben entre el 60% y el 65% del total. El Fondo Solidario de Redistribución se utiliza para el reintegro de dinero a las obras sociales y prepagas por tratamientos complejos y de alto costo a través del Sistema Único de Reembolsos.
Además, los prestadores exigen un aumento en el nomenclador, afirmando que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) está recortando servicios. No obstante, las autoridades aseguran, con documentación en mano, que esto no es cierto. Según las autoridades, la cantidad de afiliados al sistema de salud ha aumentado, lo que ha hecho crecer el monto del subsidio destinado al sector, así como el número de prestadores y los kilómetros facturados por el transporte de beneficiarios.
Las prestaciones por discapacidad constituyen el cuarto presupuesto más grande en Argentina. En octubre de este año, el monto de subsidios destinado a 133.752 afiliados fue de 94.203.244.689 pesos, lo que representó un promedio de 704.312 pesos por beneficiario. En comparación, en septiembre los subsidios habían sido de 85.309.795.415 pesos para 128.788 afiliados, con un promedio de 662.404 pesos por beneficiario. Además, los kilómetros facturados por el transporte de beneficiarios fueron también mayores: en octubre se facturaron 30.986.598 kilómetros, mientras que en septiembre fueron 26.276.554. Según la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), este aumento en los kilómetros recorridos, por el que se abonaron más de 14.480.200.798 pesos, es considerado astronómico, ya que equivale a 74,61 viajes a la luna.
Las auditorías realizadas han revelado presuntas irregularidades en la rendición de subsidios millonarios, particularmente en relación con el servicio de transporte destinado al traslado de 32.518 beneficiarios con discapacidad. Estas personas debían ser derivadas a servicios de atención, centros educativos o centros de día, entre otros lugares. Las auditorías señalan que las cifras que las empresas de transporte le facturaron a las obras sociales y que estas derivaron a la SSS son “desmesuradas”, según funcionarios de La Libertad Avanza.
Ayer, en su habitual conferencia de prensa desde la Casa Rosada, el vocero presidencial, Manuel Adorni, reveló los resultados de auditorías, alguna de las cuales ya había adelantado este medio.
- En 2023 la inflación fue del 211,4%, pero los aumentos a prestadores solo alcanzaron el 82,50%, quedando 129 puntos por debajo. Sin embargo, los prestadores no se movilizaron hasta febrero de 2024 tras el cambio de autoridades en la ANDIS -el titular es Diego Spagnuolo– .
- En lo que va de 2024, con una inflación acumulada del 107%, la nueva gestión otorgó aumentos por un 99,11%, quedando solo 8 puntos por debajo. A pesar de esto, ya realizaron 2 movilizaciones.
- Se acusa a la nueva gestión de ANDIS de realizar “recortes”, pero la primera acción fue convocar al directorio y establecer aumentos.
- La ANDIS realizó un cruce de beneficiarios activos entre el Programa Federal de Salud Incluir Salud y el Registro Nacional de las Personas, y se identificaron 150 beneficiarios que estando fallecidos seguían figurando en el padrón de discapacidad como activos con prestaciones mensuales con concurrencia presencial.
- En cuanto al tiempo de fallecidos, se detectó que había beneficiarios con hasta 1800 días de fallecidos, que se encontraban facturados y con pagó cancelado a los prestadores.El fraude provocó un costo de 1.355 millones de pesos cobrados indebidamente por 102 instituciones prestadoras en todo el país.
Para las autoridades nacionales, los números presupuestarios que mes a mes abona la SSS y las prestaciones reales brindadas marcan que “lejos de haber sido disminuidas, las partidas presupuestarias para discapacidad han aumentado”. Desde la SSS, a cargo del superintendente Gabriel Gonzalo Oriolo y Adrián Stivelman como Gerente General, se afirma que “nadie quedará sin su derecho a la atención sanitaria por discapacidad” y expresaron que “lo que se tiene que discutir es la cantidad exorbitante del presupuesto utilizado para actividades relativas a educación y transporte, que por obvias razones estatutarias no corresponden a la superintendencia de servicios de salud. Son rubros que deberían estar a cargo de los estados provinciales y no de la autoridad nacional regulatoria de los servicios de salud de prepagas y obras sociales, pero que están incluidos en la Ley de Salud Mental”, opinaron.
La SSS también anunció los nuevos aumentos a las prestaciones por discapacidad: 1% acumulativo, retroactivo al mes de octubre, un 0,8% para el mes de noviembre y un 0,5% al mes de diciembre. Y destacaron:“ Desde el inicio de la actual gestión, se ha actualizado de manera mensual y consecutiva el valor del nomenclador para las prestaciones para personas con discapacidad, a saber: enero 20%, febrero 10%, marzo 12%, abril 12%, mayo 8,8%, junio 3%, julio 2%, agosto 1,8%, septiembre 1% y los recientemente aprobados”.
En diálogo con este medio, los funcionarios del área también explicaron: “Con cada aumento se reconoce además el adicional del 20% sobre el arancel básico por zona desfavorable, a las prestaciones brindadas en las provincias de la zona patagónica” y que “en términos acumulativos, los aumentos implementados para todo el año representan un total de 99,11%.
El valor del incremento es votado en el marco del Directorio Único de Prestaciones Básicas, espacio que administra la aplicación de la ley de prestaciones básicas en discapacidad. Está encabezado por la ANDIS, y lo integran además el Ministerio de Salud, el Ministerio de Capital Humano, el PAMI, la Superintendencia de Servicios de Salud, representantes de las organizaciones de la sociedad civil y prestadores de discapacidad.
En el contexto de una inflación del 107% en 2024, los aumentos acumulados para los prestadores de servicios alcanzaron -como reconocen las autoridades- un 99,11%, quedando 8 puntos por debajo de la inflación. Eso mismo expresó Adorni ayer.
Esta diferencia ha motivado varias movilizaciones por parte de organizaciones que defienden los derechos de las personas con discapacidad. El pasado 20 de noviembre, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad organizó protestas en la Residencia Presidencial de Olivos y en otras ciudades como Córdoba, Rosario, Tucumán y Mendoza. Durante estos actos, se entregó un petitorio al presidente Javier Gerardo Milei, solicitando un aumento en los recursos asignados para el presupuesto de 2025 y tarifas que reflejen los costos reales de las prestaciones.
El martes próximo martes será otro grupo de prestadores los que se movilizarán a Plaza de Mayo e instalaran una “carpa blanca” para difundir sus reclamos. Este grupo mantiene diferencias metodológicas e ideológicas con el Foro de Discapacidad que se agravaron con el cambio de gobierno. Por ejemplo, los que se movilizarán en 3 de diciembre agrupado ULTRA/UTBA y PDU no participar de la movilización convocada por el denominado Foro Pro, al que identifican con sectores ligados al kirchnerismo aunque estos nieguen ese encasillamiento.
Un comunicado, firmado por Daniel Masuzzo, presidente de ULTRA/UTBA expresó, por primera vez las diferencias entre los representantes que debería reflejar las mismas demandas en favor de los beneficiarios. Calificó a las marchas frente a la Quinta de Olivos de “netamente política y partidaria”. A ello suman que el Foro Pro “no activó ni mínimamente planes de lucha durante la administración anterior, contrario a a las más de 20 manifestaciones realizadas por nuestro sector incluyendo tres acampes en Plaza de Mayo”. Las diferencias en principio insalvables dividen a las entidades que dicen defender los derechos de los discapacitados.
Ante la marcha con carpa blanca incluida frente a la Casa Rosada, y teniendo en cuenta que el área de discapacidad es muy sensible e involucra uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, desde la SSS y con cientos de planillas en el escritorio, los responsables del organismo sintetizaron ante Infobae:
Se se compara noviembre de 2024 con el mismo mes de 2023 las conclusiones sobre los subsidios entregados al sector son:
- El monto subsidiado se triplicó. pasó de casi 31 mil millones de pesos a más de 88 mil millones, con una mejora neta de más de 57 mil millones.
- Se sumaron más afiliados, no menos de unos 117 mil pasaron a más de 132 mil, con una progresión de casi 16 mil nuevos afiliados.
- También subió la cantidad de prestadores, de poco más de 54500 a 59288, exactamente 4752 nuevos prestadores.
- Se subsidiaron más kilómetros de transporte a personas con discapacidad. De 26,3 millones a 28,2 millones. Casi 2 millones de kilómetros más recorridos.
- El subsidio por individuo pasó de 265.112 pesos a 664.839, o sea una mejora de casi 400 mil pesos per cápita.
Los responsables de la SSS también resumieron lo que resta por hacer y los objetivos que se marcaron:
- Dar de baja las pensiones mal habidas por discapacidad en general, con ejemplos groseros de ello, como las concedidas a centenares de presos y prófugos de la justicia -tal como informó este medio-.
- Completar la auditoría de pensiones brindadas sin mayores verificaciones de la real necesidad de los peticionantes. Se han dado pensiones a cambio de favores políticos.
- Terminar con los certificados de discapacidad fraguados -truchos-.
- Verificar la real procedencia de los monotributistas sociales y su relación correcta con cuestiones de discapacidad.