El gobernador K de Formosa Gildo Insfrán (73 años) llamaría en las próximas semanas a elecciones de diputados provinciales y constituyentes, en forma desdoblada a las elecciones nacionales, y luego trataría de cambiar la Constitución provincial para intentar ser reelegido por un período consecutivo más en 2027. El tercer paso de su estrategia sería forzar la interpretación del cambio constitucional provincial y sostener que no se aplica para el pasado sino para adelante y así poner presentarse para otro período, según legisladores de la oposición.
En contra de esa jugada, la oposición pidió la semana pasada el juicio político y la destitución de Insfrán por no acatar el fallo de la Corte de diciembre del año pasado. Sin embargo, la legislatura provincial, con mayoría de Insfrán, lo rechazaría.
Así quedaría abierto, desde el punto de vista político y legal, el camino para hacer un pedido al presidente Javier Milei a fin de que disponga la intervención federal de la provincia por no acatar el fallo del máximo tribunal.
El fallo de la Corte votado por unanimidad por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y el ahora ex juez Juan Carlos Maqueda declaró inconstitucional el artículo 132 de la constitución provincial que permite la reelección indefinida y posibilitó que Insfrán cumpliera 8 mandatos consecutivos, como vice o gobernador.
Pero la Corte no dijo cómo se ejecuta su fallo, entonces opositores como Carbajal y Paoltroni, por separado, impulsan un juicio político a nivel local y luego un pedido de intervención federal a la provincia, aunque el segundo está a favor de unificar posiciones.
En fuentes de la oposición se estima que Insfrán retrasará todo lo que pueda la fecha de la elección de constituyentes provinciales para dejarle poco margen a la oposición y seguirá jugando al silencio.
En el artículo 2 de la ley que mandó Insfrán y aprobó la legislatura se especifican los objetivos generales de la reforma y se destaca la apuesta por “afianzar el sistema representativo, republicano y democrático”, previendo “nuevas regulaciones sobre los derechos políticos a elegir y ser elegido” en alusión al fallo de la Corte Suprema.
La Legislatura de Formosa, que es unicameral, está conformada por 30 diputados, de los cuales 22 pertenecen al Partido Justicialista y responden al gobernador Gildo Insfrán. Los ocho restantes son opositores: dos de la UCR, uno del PRO y cinco de fuerzas locales.
El diputado radical Fernando Carbajal dijo a Clarín que “seguro que Insfrán desdoblará las elecciones. Suponemos que igual que el año pasado lo hará para mediados de año y junto con la elección de constituyentes”.
El llamado a elección de constituyentes fue en octubre pasado e Insfrán tiene 12 meses para concretarlo. Por versiones, el senador de Formosa Francisco Paoltroni también supone que Insfrán lo hará junto a las provinciales.
Para Carvajal a la luz del fallo de la Corte que declaró inconstitucional la reelección indefinida en su provincia, desde el punto de vista legal, “Insfrán debería haber renunciado en forma inmediata a seguir gobernador”
“El fallo dice que este octavo mandato es inconstitucional. Entonces, lo consideramos a Insfrán un gobernador ilegítimo”, explicó Carbajal.
La intervención federal debería ser ordenada a través de un decreto del presidente Milei y ratificada por el Congreso. El presidente tiene atribuciones “para intervenir y hacer cesar esta gobernación ilegítima”, agregó Carbajal.
La Corte no puede decir cómo debe ser el régimen de reelección de las provincias. “Lo que dijo es que la reelección como está establecida en Formosa es inconstitucional”, agregó Carbajal.
Si Insfrán reforma la constitución provincial e interpreta que lo “habilita a un nuevo mandato, habrá que recurrir otra vez a la Corte para pedir una medida cautelar”, opinó Carbajal.
El problema es que los referentes de la Libertad Avanza en Formosa afirmaron que “que no van a hacer acuerdos locales, que los que quieran tienen que sumarse a las Fuerzas del Cielo, como dijeron Karina Milei y Martín Menem cuando vinieron a Formosa”, el año pasado. Así solo irían contra Insfrán, los radicales y Paoltroni.
La semana pasada, Carbajal acompañado por varios constitucionalistas de la provincia, pidió el juicio político de Insfrán “en salvaguarda de la autonomía provincial, y como medio de lograr la resolución del conflicto jurídico-político derivado de la falta de legitimación constitucional del mandato de la fórmula Insfrán-Solís, electa en el proceso electoral del año 2023, permitiendo que sea la Provincia de Formosa la que resuelva tal situación”.
En sus argumentos, la iniciativa de Carbajal “evitaría la intervención federal de la provincia para poner fin a la ilegitimidad de este gobierno provincial” en el caso de que eventualmente la decida Milei.
Antes que el caso Formosa, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, también había declarado inconstitucionales las reelecciones indefinidas en San Juan, Tucumán y Río Negro.
“Son ilegales porque la Corte lo dijo de manera expresa: el Tribunal Electoral no debió habilitarles un nuevo mandato. Pero, además, es una fórmula ilegítima porque, como señaló el ministro Ricardo Lorenzetti —designado a propuesta del expresidente Néstor Kirchner y, por tanto, ajeno a cualquier sospecha política—, la elección se realizó en un contexto de ‘cancha inclinada’”, agregó Carabajal.
Para el pedido del diputado radical “esto significa que Insfrán y Solís se aprovecharon de ventajas indebidas derivadas del sistema de reelección indefinida. Así que estamos ante un problema de ilegalidad e ilegitimidad del gobierno”.
Junto a Carbajal, firmaron la presentación el constitucionalista Guillermo Federico Evans, el abogado Juan Montoya, el exconcejal Carlos Blas Hoyos, Patricia Caoppello y Benito Aranda. También acompañó Adrián Diego González, del partido Unión Popular.
En diciembre pasado, el senador Paoltroni, del monobloque Libertad, Trabajo y Progreso y ex de LLA, presentó un pedido de intervención federal a la provincia de Formosa y llevó su proyecto directamente a la Casa Rosada.
“No existe otra vía institucional para frenar el régimen de Gildo Insfrán, caracterizado por instituciones deterioradas, un sistema republicano inexistente, derechos humanos ultrajados, clientelismo y hostigamiento a opositores. Estas prácticas violan la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos incorporados en el artículo 75, inciso 22”, agregó.
A fines de 2024, días después del fallo de la Corte Suprema sobre la reelección indefinida, el senador de Unión por la Patria (UxP), José Mayans, expresó que “el único requisito es que te vote la gente. Todos pueden ser reelectos en Formosa. Pero si no te vota la gente, no sos reelecto, como le pasó (al expresidente Mauricio) Macri”.
“El fallo de la Corte dijo que hay que corregir un artículo de la Constitución y se va a corregir y poner el mandato de dos períodos, aunque la Constitución (local) permitía la reelección”, agregó Mayans, relativizando el alcance del fallo.
Antecedentes
A mediados de diciembre pasado, La Corte calificó de inconstitucional el artículo 132 de la Constitución de la provincia de Formosa que habilitó la octava elección de Gildo Insfrán.
Los jueces sostuvieron que la reelección indefinida “diluye la separación de poderes” y “atenta contra el propio principio democrático” de la rotación en el poder.
El fallo del máximo tribunal firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, avaló lo planteado por el Procurador General de la Nación, Eduardo Casal, quien la semana pasada sostuvo que las provincias deben respetar «la limitación del poder» y que las «múltiples reelecciones sucesivas -potencialmente indefinidas- conspiran contra la finalidad propia del Estado de Derecho», ya que «la perpetuación en el poder erosiona el principio de separación de poderes».
El año pasado, ante el máximo tribunal, la Confederación del Frente Amplio Formoseño presentó una acción de amparo -firmada por Agostina Villaggi y Rodolfo Basques-, que discutía la constitucionalidad del artículo de la Constitución provincial que posibilita la reelección indefinida. Y sobre ese pedido falló la Corte nacional.